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El ex director de Investigaciones de la Bonaerense cumple varias condenas a reclusión perpetua por genocidio.
El tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata concedió ayer el beneficio del arresto domiciliario al represor y condenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Etchecolatz, aunque por el momento permanecerá detenido por otras causas.
Etchecolatz cumple varias condenas a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la última dictadura militar y es el principal sospechoso de la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006.
La noticia generó el inmediato repudio de organismos de derechos humanos, que se habían manifestado durante la jornada ante el tribunal de la calle 4 entre 51 y 53, y advirtieron que esta decisión «abre la puerta» para que la mayoría imputados de La Plata tenga el mismo destino.
«Más allá de la edad y de su salud, se trata de una persona que sigue cometiendo delitos, porque la desaparición forzada y la sustracción de la identidad cesan cuando sabemos el destino de los chicos apropiados o de los detenidos. El sabe todo eso y lo calla», sostuvo Guadalupe Godoy, abogada de la familia del testigo desaparecido Jorge Julio López.
López había brindado un testimonio clave en el juicio contra el represor, tras lo cual, el 18 de septiembre de 2006, desapareció cuando se dirigía a la lectura de sentencia sin que hasta el día de hoy se tenga información alguna sobre su paradero.
Etchecolatz, de 87 años, se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza realizando una huelga de hambre, lo que aceleró el planteo de sus defensores sobre su situación de salud, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.
A pesar del fallo de la justicia federal de La Plata, la domiciliaria no se hará efectiva porque hay otras condenas y también causas en su contra que están en etapa de instrucción, por las que debe cumplir prisión preventiva efectiva.
La abogada de la familia de López afirmó que la decisión «se enmarca en lo que en estos meses hemos tenido en materia de los juicios» y en la conducta adoptada desde el Gobierno de Mauricio Macri respecto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Godoy afirmó que la decisión será apelada, pero arriesgó que luego de todas las instancias «el resultado final va a terminar siendo el otorgamiento definitivo de la prisión domiciliaria» al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense con el grado de comisario general, cargo desde el cual se convirtió en la mano derecha del general Ramón Camps.
«Lo que se pretende es llevar adelante la estrategia de los genocidas, que hagamos juicios pero con ellos mirándolos desde el living de su casa», completó.
