Nos dieron de comer mierda

En el año 2008, se conoció en la provincia de Río Negro uno hecho que podría indicarse como icono de la vergüenza, dado en medio de otras circunstancias señaladas como “corrupción” ­por parte de algunos funcionarios del Gobierno provincial­ y que podría ser identificado como la génesis de un contexto autodestructivo que ha puesto en tela de juicio y en forma permanente al sistema.

Bajo la conducción del gobernador Miguel Sainz, de dos períodos (2003 – ­2007 y 2007 – ­2011), surgen a la luz denuncias por enriquecimientos ilícitos, dejadez y abandono por parte del Estado. Sin embargo, todos esos emergentes podrían ser “nada” o “poco”, al ser comparados con la primera denuncia proveniente de padres y empleados del ministerio de Educación (personal no docente), que dio cuenta del estado calamitoso de los alimentos distribuidos en escuelas y otros establecimientos asistenciales.

Se trató de los productos fabricados por la empresa Flavors que se distribuían a través del programa “Comer en Familia” y que fueron hallados con excrementos de roedores, luego de la certificación que ofrecieron los análisis requeridos desde la Defensoría del Pueblo, a raíz de dichas denuncias.

La empresa, fabricante y distribuidora a la vez, no reunía las condiciones indispensables de higiene y calidad en su planta de elaboración, del mismo modo que no alcanzaba a dar cumplimiento con los requisitos que el Estado rionegrino impone para operar como proveedor oficial, pese a que se le había adjudicado una licitación por 59 millones de pesos y que al poco tiempo de las primeras denuncias estaba en condiciones de hacerse de una segunda contratación por 172 millones.

Pesa, sin embargo, una característica que se profundiza en el análisis y le infiere mayor gravedad al hecho, al conocer que “Comer en Familia” se extendía a otras instituciones asistenciales como hogares de niños y adolescentes o centros de atención de adultos mayores.

Las circunstancias denunciadas a partir del año 2008, son las que advierten a la sociedad respecto de un desenlace, a través de un dinamismo propio y que obró como la enfermedad que parecía contagiar. Sería posible asegurar que

gran parte de los rionegrinos padeció ese contagio que supo deglutir a la propia dirigencia frente a un escenario que se mostraba como “insostenible”.

 

Pero más allá del devenir en los actos administrativos y de los momentos electorales o las circunstancias creadas a partir del imperio de una forma subyacente en el discurso pero concreta en las evidencias, la sociedad fue haciéndose eco de la muestra de un sistema obsoleto, que se plasmaba sobre la mayoría de los sectores y en particular, en los vulnerables.

Hasta el momento se encuentran procesados el ex ministro de Familia (hoy Desarrollo Social), Alfredo Pega. La ex ministra de Salud (Cristina Uría) y quien la precediera en el cargo, Adriana Emma Gutiérrez. Vale decir que también se encontraba procesado Pablo Verani (ex ministro de Economía), quien falleció en un accidente al conducir una motocicleta en el año 2013.

Vale decir también que tanto Pega como Uría, consiguieron fueros durante cuatro años, al ser elegidos legisladores por el partido Radical, fuerza política que gobernó a la Provincia por 28 años, desde 1983. Por otra parte, se encuentran procesados y a la espera de la instancia judicial oral, Máximo Julio Vicchi, Javier Mattas y Daniel Héctor Fernández, titulares y apoderado de la empresa Flavors, respectivamente.

Emergen tres aspectos que son esenciales para la comprensión de la magnitud que encierra al hecho, en un escenario todavía mayor que no sólo expone a un “sistema” de características frágiles sino que esa debilidad se aprecia en todas sus aplicaciones: la política, la judicial, la administrativa y también la relación de éstas con los ciudadanos.

Un acontecimiento que conmocionó a la sociedad, generado en circunstancias que no se hubieran dado si el sistema hubiera funcionado, al menos, en una porción que ni siquiera llegaría a ser la “deseable”.

Para ahondar, alcanzan las propias palabras del ex ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, quien ocupó la cartera siete años después de que iniciaran las denuncias (2015), pero debió dejar el cargo por hechos que se encuentran vinculados al caso Flavors, aunque no en forma directa.

El funcionario aseguró, en una entrevista con Radio Nacional El Bolsón que “el sistema no funciona”, luego de que tomaran estado público las denuncias sobre promoción de prostitución infantil en los hogares CAINA (de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad), en la capital provincial.

Vale aclarar que entre las personas implicadas, se encuentran trabajadores del Ministerio, particulares y un juez de Cámara, que al momento ha sido removido de su cargo por el Consejo de la Magistratura.

Pero yendo más allá y dentro de una lógica en la que se puede apelar a cierta razonabilidad, el proceso judicial habla por sí de esa disociación en el sistema, habida cuenta de que pasaron por la causa ­que lleva siete años­, cinco magistrados; considerando que el juicio no ha llegado a su etapa oral y que uno de los jueces que tuvo en sus manos al caso Flavors durante la instrucción, fue el mismo que actualmente se encuentra procesado por el delito de promoción de prostitución infantil en el CAINA, donde también se entregaban alimentos de Flavors y donde se había indicado el estado de abandono al momento de presentar la denuncias en los fueros penal y administrativo, por los alimentos y las tantas irregularidades que presentaba la empresa.

El caso Flavors, marcó un antes y un después para la crítica colectiva y para los cruces que se daban en los foros políticos. Acaso, la caída del dominó, en un escenario particular aunque no exclusivo en comparación con el resto del país.

No obstante, a pesar de lo esperado o más bien deseable, todavía la ciudadanía no conoce a ciencia cierta si hay o no responsables, si existió algún delito, de dónde provenían los alimentos o si todo se trató de una guerra política que permitió evidenciar ­independientemente de la lentitud en el proceso investigativo­ la debilidad del sistema político y judicial en Río Negro.

Pero la “novedad” de Arroyo ya había sido puesta en evidencia en el año 2008. Entonces, la Defensoría del Pueblo en ocasión de dar a conocer las denuncias por el caso Flavors había advertido sobre las condiciones irregulares en los hogares. La pregunta que cabe es acerca de cuál es el parámetro para medir la gravedad de que se distribuyan alimentos con excrementos de roedores, en comparación con lo que significa que las niñas hayan sido víctimas de abusos por parte de algunos funcionarios públicos. Tal vez no se debieran hacer comparaciones o bien cada  acontecimientos tiene su peso propio y en consecuencia, deben ser condenado no sólo por la opinión pública sino y en particular por la Justicia.

Lo cierto es que esos alimentos no sólo fueron cuestionados por los excrementos hallados en los análisis de los laboratorios científicos, bajo las indicaciones sumariales, sino que hasta el momentos se desconoce la procedencia de la materia prima, ya que se trataba de polvos ensobrados y pre­elaborados que lograban su consistencia al ser hidratados.

Pero además, tampoco se conocen las razones que llevaron al Gobierno provincial a contratar a la empresa, ya que no contaba con los requisitos necesarios para proveer al Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley de contrataciones. Y ese no sería el único hecho excluyente, puesto que durante la instrucción (presentada en primera instancia desde la Defensoría del Pueblo), se pudo demostrar un conjunto de irregularidades que aseveran tal imposibilidad.

En el año 2008, la entonces defensora del Pueblo, Ana Piccinini, daba cuenta de la situación en la que se encontraban los niños bajo la tutela del Estado, luego de constatar las “irregularidades” en los productos alimenticios utilizados en los comedores.

Piccinini advirtió sobre la “falta de programas y capacitación para tratar adicciones”, lo mismo que “la falta de espacios para alojar a niños o niñas con tales problemáticas”. El Hogar CAINA de Viedma fue uno de los casos testigo, que la funcionaria describió como: “Lugar feo, desordenado (sin higiene), donde los chicos comían mal y eran maltratados psicológicamente. No tenían afectos y el personal no era idóneo para atender la demanda”.

Son algunos de los aspectos a conciliar ­si fuera posible­, entre aquéllas denuncias y las del presente. Pero, las mayores dudas se producen en las apariencias que ha dejado la Justicia ya que no sólo pasaron esos años sino que el proceso se fagocitó –insistimos­ a cinco jueces.

Entre ello, llama la atención el interés observado por el máximo organismo de Justicia provincial (Superior  Tribunal), ante las denuncias contra el juez camarista Bernardi, en contraste con las pocas o casi “nulas” palabras respecto del “abandono, la mala alimentación, la falta de contención” y todo lo que pudiera entenderse como recurso inexistente para sostener a esos niños en estado de vulnerabilidad. Sin contar, por ejemplo, que se había indicado que “para atender a cinco chicos había 2 profesionales y 70 empleados que no tenían idoneidad”.

Surge, desde luego, la pregunta en cuanto al interés que la Justicia rionegrina mostró siete años después, debido a la supuesta implicancia del juez (lo cual podría presumirse como un interés ulterior y corporativo).

Es decir: no pudo actuar en todos esos años pese a la evidencia o bien, la burocracia permitió ­desde el punto de vista del aparato legal­ tal inacción, aunque desde el aspecto moral, demostró la incapacidad para administrar al servicio por encima del sistema. Aunque vale aclarar que los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), no formaban parte del cuerpo al inicio de las denuncias, sino que asumieron a partir del año 2012, sin embargo, también se debe aclarar que en ese año el máximo tribunal pasó de tener tres jueces a cinco, bajo el argumento de aportar mayor celeridad en la prestación de Justicia.

Las causas hacia los funcionarios fueron por incumplimiento de sus deberes, corrupción y otros indicativos que se dieron en un contexto político estigmatizado por la compra de voluntades; la ruptura de la oposición que no logró constituirse con un perfil acorde y la ausencia de liderazgos que pudieran doblegar al triunfo consecutivo del partido gobernante.

Ese contexto se enmarcó en una especie de “decadencia”, cuyos actores parecieron ser parte de una lógica que aseguraba que “nada importaba y que todo era permisible en nombre de sostener a la democracia”. Circunstancias que luego se vieron abonadas con otras causas como “sobresueldos”; “contratos de trabajos en negro” (desde el Estado); “abuso en el manejo de los recursos públicos; “desvió de fondos” y “el manejo corporativo de algunos sectores de la prensa”. Artilugios que sirvieron para alcanzar importantes resultados, bajo la premisa de justificar cada acción, merced al invento de un enemigo.

Hay diversos aspectos para considerar y está claro que el primero tiene que ver con el análisis de lo sucedido en forma concreta y con la mayor rigurosidad que podamos inferirle. Pero si en algo se basa nuestro empeño es en hacernos las preguntas: por qué; cómo y cuáles fueron las motivaciones. En ello hemos sustentado nuestra crónica. Sin embargo, no podemos pasar por alto una reflexión que va más allá del esfuerzo y que choca con una realidad severa, que nos pone frente a un conjunto de circunstancias para detectar un costado degradante de la sociedad y que nos afecta no sólo en nuestro interés por testimoniar lo sucedido, sino en la inquietud que nos moviliza como ciudadanos.

 

Excrementos de roedores El 14 de agosto de 2008, se ratificó una denuncia presentada contra la empresa Flavors & Cia. S.A. y se recomendó proceder a “la suspensión de la misma como proveedora del Estado provincial”.

Luego de varios reclamos efectuados por parte de los padres y trabajadores de las escuelas que recibían los  alimentos, la entonces defensora del Pueblo, confirmó el pedido de investigación ante la Fiscalía de turno en la ciudad de Viedma.

En los argumentos se esgrimió “la presunta comisión de ilícitos atentatorios contra la salud de los destinatarios de los programas implementados por el Gobierno” y se hizo referencia a la elaboración de los alimentos conocidos como pre­elaborados, “procesados en el establecimiento de la empresa Flavors, ubicado en la ruta provincial No 251 de la localidad de General Conesa”.

Según se señala en el expediente: “el 9 de junio de ese año, personal de la Defensoría había visitado la localidad para interiorizarse sobre las supuestas irregularidades, denunciadas en forma telefónica por los propios empleados de la empresa”.

Se indica además que “luego de sucesivas visitas a Conesa y tras entrevistar a varios trabajadores que habían sido  despedidos”, se recogió el testimonio de todos ellos, quienes manifestaron que “eran obligados a afiliarse en forma compulsiva a la cooperativa de trabajo Colonia Barraqueros, para mantener sus puestos laborales”.

En el informe dado a la prensa se dijo que “la negativa de los trabajadores a afiliarse, habría sido el desencadenante de los despidos”.

Cabe señalar que, según la Defensora del Pueblo, “la cooperativa había sido sancionada en reiteradas ocasiones por la comisión de fraude laboral, durante el año 2007”.

Desde el organismo de control, se contaba con un “material fílmico”, relativo a la historia de la empresa y los conflictos laborales generados en ella. Ese material fue incluido en el expediente. Por su parte, la secretaria de  Trabajo provincial, pudo constatar esos y otros ilícitos dentro de la planta. Se labraron actuaciones sumariales y se declaró la “comisión de fraude laboral por parte de la empresa y la cooperativa”, según consta en las presentaciones realizadas por la Defensoría.

Flavors S.A., “fue sancionada con la multa de ochenta mil seiscientos cuarenta pesos”. Cabe mencionar que el contrato original suscripto con la provincia de Río Negro, fue por la suma total de cincuenta y nueve millones (59.000.000) de pesos. Pero en la denuncia surge que “las principales irregularidades estaban relacionadas con el incumplimiento en materia de seguridad e higiene durante el proceso de elaboración”.

Pese a ello, las consecuencias que se pudieron generar en la salud de los destinatarios de los programas, surgen como la punta de un iceberg, ya que, tras las denuncias originarias, se dio cuenta de un flujo de irregularidades en cuanto a la incapacidad que demostraba la empresa para ser proveedora del Estado y fue evidenciada la ineficiencia del Gobierno para ejercer el control, nada más y nada menos de los alimentos que eran distribuidos en escuelas y hogares.

De acuerdo a la Ley, esas irregularidades presentaron a la empresa en “situación de poca solvencia” y en base a ello, se logró frenar una segunda Licitación, en ese caso, por la suma de172 millones de pesos.

No obstante, pese a los 59 millones iniciales, el Gobierno hizo varias contrataciones directas a modo de renovación del contrato, entre la primera licitación y la segunda que finalmente no logró concretarse.

Flavors elaboraba dos tipos de productos, uno tradicional y otro destinado al programa “Comer en Familia”. La materia prima para los “pre­elaborados”, provenía de la provincia de Mendoza, aunque el origen propio del contenido y su calidad nunca pudieron ser comprobados, dado que la empresa reembolsaba en porciones lo que recibía a granel. Aunque, esos productos finales se labraban con números de habilitación de otra provincia y los números pertenecía a otra empresa.

“No existían, dentro de la fábrica, las mínimas normas de seguridad e higiene”. Los propios trabajadores habían indicado la presencia de “gorgojos, moscas, arañas, gusanos y polillas, entre los alimentos”. Y como ejemplo extremo de tal desconsideración y que fue comprobado por análisis de partidas diversas, se aseguró la “existencia de roedores”.

Las muestras fueron enviadas por los denunciantes a la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Los resultados de los análisis dieron positivo en cuanto a la existencia de “excrementos”.

Por qué no se hicieron los controles desde el Estado provincial; quién era el responsable de realizar esos controles; cuál era el contexto de las políticas públicas ­al menos en este caso­, para permitir o consentir.

También se indicó, desde la Defensoría, que “durante el proceso de elaboración, los gorgojos o gusanos eran extraídos de la materia prima y luego se procesaba en forma normal. No se utilizaban barbijos; las piletas de desechos no tenían escurridores y cuando se llenaban, mandaban al personal a vaciarlas y lo hacían manualmente”.

“No se conocieron controles realizados desde la dirección de Bromatología, dependiente de Salud Pública. Los sanitarios no descargaban en cloacas ni en pozos ciegos”.

Tales afirmaciones fueron efectuadas ante la Justicia, acompañadas del material fílmico que dio muestras de dichas condiciones.

Luego de la denuncia, la Cámara Laboral de Viedma rechazó un recurso de apelación interpuesto por Flavors & Cia S.A., contra la Resolución N 64/08 de la secretaría de Trabajo” (aquélla que había indicado el “fraude laboral” e impuesto la multa por $ 80.640).

La sanción quedó firme con fecha 7 de agosto de 2008 y a partir de ese momento, la doctora Piccinini denunció a la empresa por “presunta comisión del delito de evasión impositiva agravada”.

Los productos fueron descriptos como de mala calidad. Algunos de los testimonios se recogieron entre las directoras de los establecimientos y el personal no docente (cocineras), a quienes se los había preservado en el anonimato por cuestiones obvias. “Miedo a perder el empleo, posibles persecuciones o represalias, por parte de los responsables de la Administración pública”, fueron las argumentaciones que llevaron a la Defensoría del Pueblo a ocultar sus identidades.

En una nota de fecha 24 de junio de 2008 y que estaba dirigida al coordinador de Comedores Escolares, se señalaba que se había encontrado “un supuesto excremento de roedor en las lentejas”. El preparado, denominado: “Lentejas Patagónicas”, vencía ­según las indicaciones de la etiqueta­ en el mes de diciembre de ese año. (Lote No T0308)”.

De esos productos se enviaron muestras a los organismos de control, mientras que se dio aviso a la empresa desde los establecimientos”.

A partir de las actuaciones producidas luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo, surge desde ese ámbito la Resolución No 114 del 2008, en la que se recomienda la “suspensión de la empresa, del Registro de Proveedores”.

En la carátula: “Defensora del Pueblo s/ denuncias varias c/ Empresa Flavors & CIA S.A.”, expediente No 767/08 del registro de la Defensoría”, se considera que “al tomar conocimiento de las diferentes problemáticas vinculadas con la

empresa y en atención a la gravedad y urgencia de las mismas, se dispusieron medidas de prueba tendientes a la acreditación de cada denuncia”. El 30 de julio de ese año, se remitió la documentación pertinente a la Justicia ordinaria, a efectos de que proceda a la investigación, la propia defensora se constituyó como denunciante según consta en el expediente 730/08.

En la causa se había propuesto “la producción de diversas medidas probatorias (testimonio de autoridades educativas; empleados y ex empleados), entre otras. Según se explicó, esos testimonios fueron “coincidentes en cuanto a la existencia de irregularidades en el proceso de producción”. Se aseguró además el “mal gusto y la baja calidad y se destacó que “los testimonios aportados, obraron bajo secreto de sumario”.

Otro de los motivos que llevó a la Defensora del Pueblo a realizar tal presentación, fue el de la Resolución 064/08 de la secretaría de Trabajo. En ese caso, el organismo había resuelto el 28 de enero de ese año: “declarar la comisión de fraude a la legislación laboral, por parte de la cooperativa de trabajo agrícola e Industrial “Colonia Barraquero Ltda.”.

No obstante, la medida alcanzaba también a la firma “Flavors y Cía. S.A.”, debido a la violación de lo dispuesto en los artículos 40 de la ley 25.877 de Contrato de Trabajo.

En ese sentido, se multó tanto a la Cooperativa como a la empresa Flavors S.A., CUIT No 30­68932675­3, con  domicilio en RUTA No 251 km 117, de la ciudad de General Conesa. La apelación a dicha sanción, fue rechazada por la Cámara Laboral de Viedma, según consta en el expediente 71/08. Luego, la Defensoría radicó la denuncia penal en el Juzgado Federal, a efectos de que se proceda a la investigación del presunto delito de “evasión impositiva agravada”.

Pero esos no fueron los únicos argumentos con los que se solicitó “dar de baja a la empresa del Registro de Proveedores”. A las irregularidades denunciadas en el proceso de elaboración y en las relaciones laborales, se sumaron otros hechos relativos a la calificación. Entre ellos, la situación financiera y la solvencia económica.

“La Central de Deudores del Sistema Financiero; administrada por el Banco Central de la República Argentina, había dado cuenta que al momento de las denuncias, la empresa Flavors & CIA S.A., registraba 235 cheques rechazados por la suma de 7.516.888,88 de pesos”. A la vez, “la organización Veraz, había informado que poseía 7 juicios en su contra, gran parte de ellos relacionados con proveedores y un total de 246 cheques rechazados por el monto de $ 8.045.313”.

Durante la investigación, la empresa tenía “145 cheques pendientes de pago por un total de $ 4.952.676”, según el informe, se detalla que dichos rechazos se habían producido en el último año y medio, a contar desde la fecha de presentación de la denuncia.

Dicha denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Viedma.

 

 

“Zona liberada” y Justicia lenta

Las preguntas en este caso podrían resultar obvias, probablemente de rigor. Pesa en ello una carga imponible que por su informalidad, aparece como no tenida en cuenta, sin embargo, se convierte en el más severo de los impuestos que una sociedad debe asumir. Se trata de la tortura lenta aunque persistente y efectiva, que carcome toda posibilidad de valorizar los efectos que debe producir el intercambio entre un gobierno y los ciudadanos.

Una carga todavía más destructiva que cualquiera de las imposiciones que pudiera surgir a modo de tributo ­por severo­, ya que el anonimato; la incapacidad para detectarla y la rigurosidad con la que se aferra a los procesos administrativos, delatan a un servicio ineficiente y convalidan a ese modo de proceder que parece alejarse cada vez más de los ideales propuestos en democracia.

Por qué no se controló, qué intereses tenían los funcionarios responsables de ejercer el control. La mera detección de una irregularidad en ese sentido, no podría más que identificar a un interés expreso (al menos desde la contraposición). En todo caso, la incapacidad para gobernar o más triste todavía, la inconsistencia del sistema.

Un Estado en el que sus gobernantes parecieron inclinarse en todo momento hacia conceptos como  institucionalidad, democracia, calidad de vida y otros que se presentaban como la muestra cabal para doblegar a un “enemigo” (inexistente). Esa incidencia ideológica se derramó sobre la totalidad de la Administración, permitiendo lo inexplicable; asumiendo lo reprochable y siendo parte de una condición que parecía justificarlo todo en nombre del supuesto “peligro inminente”.

Y tampoco es menor considerar que no sólo los gobernantes de ese momento fueron los responsables de tal deterioro institucional, habida cuenta de que entre la mayoría de los ciudadanos se fueron asumiendo tales hechos como “naturales”, incluso, defendidos bajo el criterio de sostener al sistema.

El temor por la pérdida de los empleos, el dejar hacer por conveniencia, el silencio (inexplicable), fueron algunos de los condimentos que empujaron quizás, a los responsables, a mantener un status que no sólo favoreció al deterioro político sino que avanzó ­cegado por las propias ineficiencias­ en lo más aberrante que un pueblo puede esperar de su gobierno.

El Decreto No 374/61, reglamenta al Registro de Proveedores del Estado. En su artículo 3 fija como función esencial del mismo: “Acumular todos los antecedentes con el pedido de inscripción de cada firma en un legajo personal”, que consigne además “solvencia, cumplimiento de contratos, sanciones aplicadas y datos complementarios”.

Por otra parte, en el artículo 10 se exige: “Capacidad para obligarse de acuerdo al volumen de producción”. Para ello, insistimos en que el contrato suscripto entre Flavors S.A. y la Provincia, fue por la suma de 59 millones de pesos, más anexos renovados.

La Ley provincial 3186 (artículo 81) y su Decreto reglamentario N° 188/04, Anexo I, art. 6o, “determinan las  exigencias y recaudos que deben cumplir quienes deseen contratar con el Estado”. Se establece en tal sentido que: “son capaces para contratar…, los que no se encuentren: a) condenados en sede penal; b) procesado por delito de defraudación o estafa; h) bajo procedimiento de apremio como deudor fiscal o previsional de la hacienda pública”. Para el caso en que la empresa se encuentre concursada, podrán hacerlo quienes “obtengan la autorización expresa del juez del concurso”. “Todos esos recaudos resultaron de dudoso cumplimiento por parte de Flavors”.

La empresa principal (cuando no, única), proveedora de alimentos en el Estado de Río Negro, se encontraba sancionada por la secretaría de Trabajo provincial por haberse comprobado fraude en sus relaciones laborales, por lo tanto, también se encontraba investigada por la Justicia Federal por presunta evasión fiscal agravada.

Sumado a ello, la “dudosa solvencia económica y financiera”, debido al rechazo de 235 cheques, según se había constatado en el Banco Central de la República Argentina y la organización VERAZ.

Por tales motivos, se recomendó al director de Suministros a cargo del Registro de Proveedores, que se “proceda a la suspensión de Flavors & CIA S.A. como proveedora. Se puso en conocimiento al Gobernador; al Fiscal de Estado y al coordinador general del programa Comer en Familia, dependiente de la secretaría de interior y políticas nutricionales del ministerio de Familia.

Pese a ello y a las declaraciones que luego haría el propio Alfredo Pega cuando era ministro, en cuanto a la incapacidad que presentaba el Gobierno para ejercer los controles, ya que “desde la dirección de Bromatología no se contaba con el equipamiento técnico”, cinco años después, en Radio Nacional, Pega aseguró que “sí se hacían tales controles; que la empresa se encontraba en condiciones de operar y que contaba con las habilitaciones pertinentes”. Circunstancia que se había demostrado en el sentido contrario, a través de los registros del establecimiento; los productos y el propio proceso de elaboración.

De lo indicado hasta el momento y que es apenas el principio de la evidencia, es posible suponer la existencia de varios delitos que vincularían a las autoridades responsables del organismo (ministerio de Familia), sin que se desconozca ­por carácter transitivo­, la responsabilidad del resto de los funcionarios, comenzando por el Gobernador.

No obstante, a fin de comprender en contexto, a todos y cada uno de los actores involucrados, cabe hacerse las siguientes preguntas: quiénes integraban a la empresa Flavors; quiénes a la empresa Massily (subsidiaria y de la que se utilizaban los números de habilitación en San Luis); a cuántos establecimientos se asistía y cuántos eran los destinatarios del programa “Comer en Familia”, que recibían esos alimentos pre­elaborados.

Asimismo, vale poner énfasis en que luego de la recomendación realizada al director de Suministros para que suspendiera a la empresa como proveedora, no sólo se omitió tal recomendación, sino que se preparó una nueva licitación, que triplicaba el monto original y para la que Flavors parecía tener todas las condiciones para ganarla.

 

Massily S.A., se encontraba concursada por la Justicia de la provincia de San Luis, de acuerdo al expediente N° 6340­M­07 del juzgado Civil, Comercial y de Minas No 3. De dicho expediente surge que Masily S.A., tenía créditos por cobrar de la empresa Flavors & Cia. S.A.

Es importante destacar que durante el proceso de investigación y mientras se dieron las denuncias, se incluyó a la prensa debido al temor que mostraron los directivos de los establecimientos educativos. También, que ocho años después, el juez camarista de la ciudad de Viedma, Juan Bernandi, se encuentra procesado con prisión preventiva a raíz de la denuncia que pesa en su contra por incitación a la prostitución de menores.

Traemos a cuenta el hecho que implica a un juez de Cámara (suspendido), primero porque durante los procesos investigativos por el caso Flavors, se detectaron las condiciones de abandono en las que se encontraban dichos hogares (también destinatarios del programa Comer en Familia). Por otra parte, se debe tener en cuenta que, entre la primera denuncia que hace la madre de una menor implicada en los hechos de abuso y el desafuero del juez Bernardi, pasó un año y en ese lapso “el magistrado fue ascendido de juez de instrucción a camarista”.

Sin embargo, aún la gravedad de esos acontecimientos, vale mencionar que así como lo señalamos previamente, aparece en escena otra de las aristas oscuras en la Administración Pública (en este caso la de la Justicia).

Pero si hubiera un hilo conductor que pudiera unir a todos estos hechos, sin duda, sería el que habla de la incapacidad demostrada por el Estado rionegrino. Aunque y a pesar de ello, siete años después, la realidad sigue indicando que todo continúa igual. La causa no llegó a juicio, la Justicia no obró en resguardo de derechos que resultan inalienables y desde la Administración, el ministro de Desarrollo Social asegura que “el sistema no  funciona”, pese a que se siguen manteniendo las mismas estructuras.

Todo hace presumir un ánimo corporativo que parece más preocupado por el temor a “ser salpicados” que por la responsabilidad de dar respuestas a la sociedad. Nos referimos a la celeridad con la que actuó la Justicia para quitarle los fueros al juez Bernardi, procesarlo y detenerlo, versus la lentitud con la que se obró ante las denuncias que se realizaron por las condiciones de los hogares de adolescentes. Cabe, sin embargo, recordar que Bernardi fue uno de los jueces que tuvo entre sus manos al caso Flavors, cuestión que se detalla más adelante.

Para ilustrar, bastaría con la publicación que hizo el diario Río Negro, siete años después de que se pusiera luz sobre el caso Flavors y también sobre el estado de esos establecimientos en los que se supone que se contiene a los niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

El 7 de mayo de 2015, el periódico tituló: Corrupción de menores: el drama de las chicas que «changuean con viejos»…»Changuear». Eso hacen cuando no tienen plata las chicas de entre 11 y 20 años que declararon como testigos en la causa que tiene procesados y detenidos a Juan Bernardi y a Julio Antueque”.

«Es estar con viejos, estar cinco minutos y te pagan 400 pesos», según lo definió una de ellas en la cámara Gesell. Es prostitución por dinero, por un par de zapatillas, por un teléfono celular, por cigarrillos. Que las dejen usar una conexión de wi­fi ya es algo a cambio de lo cual están dispuestas a negociar”.

Los operadores como las psicólogas y las coordinadoras de los distintos programas de protección, parecen conocer la realidad. Según la nota, “las propias chicas se la cuentan, muchas veces sin detalles, otras atribuyendo a sus amigas las cosas que ellas hacen”. Sin embargo, todas las noches “ven ­y lo admiten al declarar bajo juramento como testigos­ que las chicas se escapan del CAINA; que van a un boliche; salen con hombres y vuelven <redrogadas> al amanecer. O no vuelven”. Todas declaraciones que chocan con lo que se planteaba siete años atrás y que demuestran no sólo lo inexplicable que resulta en un sentido plano (es decir, la reacción ante lo que está sucediendo), sino que le infiere una carga mayor debido a la ineficiencia que se ha demostrado, tras el tiempo transcurrido y que se sigue demostrando, teniendo en cuenta de que los propios operadores del establecimiento reconocen los hechos pero no cuentan con las herramientas para revertirlos.

El 12 de julio del año 2008, La Defensora del Pueblo brindó una conferencia de prensa ante un auditorio en el que participaron además de periodistas, legisladores y vecinos.

La funcionaria ratificó sus denuncias sobre la situación en la que se encontraban los niños bajo la tutela del Estado y contra la empresa Flavors.

Entonces, se dio a conocer la condición de los niños y adolescentes, luego de que se constataran irregularidades en relación a los productos utilizados en los comedores de las escuelas.

Se puso de manifiesto la “imposibilidad de trabajar en forma conjunta con el ministerio de Familia”. En ese marco, se denunció la “falta de programas y capacitación para tratar adicciones”, lo mismo que “la falta de espacios para alojar a menores con tales problemáticas”.

El Hogar CAINA de Viedma, resultó ser el caso más emblemático ya que “la distancia que mediaba entre esa casa en la que se alojaba a niños y niñas y el edificio del ministerio de Familia, no superaba las 10 cuadras”. Una cercanía que habla a la vez de la paradoja dada en el organismo, cuyo “alejamiento” fue la rúbrica en la que se circunscribió una gestión de magnitudes aún más inexplicables.

Esos, como otros hechos, fueron detectados dentro de una lógica en la que no se hallaba ningún tipo de significación respecto del accionar de la Administración y en particular, en lo referido a sectores de la sociedad ­como en el caso de los niños y niñas­, necesitados de la presencia sólida y eficiente del Estado.

Se argumentó “la negativa del Ministerio, de brindar información a la Defensoría”. Situación que quedó de manifiesto a partir de la instrucción dada a los operadores de la institución en cuanto a “preservar la información interna e impedir el ingreso de la Defensora del Pueblo”.

Tanto el proceso de investigación realizado desde la Defensoría, como otros hechos que fueron constituyendo al grueso contenido del caso, se pusieron a disposición de la Fiscalía y del Juzgado Penal, a cargo del doctor Pedro Funes.

Hasta ese momento, además de la denuncia sobre las condiciones de los alimentos, se tenía que al 30 de julio de 2008, “había sido confirmado el fraude laboral de Flavors & CIA S.A., mediante el supuesto blanqueo del personal a través de la cooperativa Colonia Barraquero”. Por otra parte, se había constatado la “insolvencia y el falseamiento de datos, ofrecidos por la empresa para acceder a la licitación pública. No obstante, la causa pasaría a manos de otro magistrado y después a otro y otro más. Hasta llegar al final del año 2014 en el que se anunció el llamado a juicio oral, aunque, a agosto de 2016, ese hecho todavía no se ha concretado.

La causa no encontró un rumbo aceitado y poco a poco se convirtió en algo de lo que todos podían hablar (por supuesto, si no se era parte del Gobierno); todos sabían de su gravedad, aunque cada manifestación chocaba con los propios artilugios de la Justicia.

Los jueces camaristas Pablo Estrabou y Francisco Cerdera, declararon “nulas” las notificaciones del magistrado que tenía a su cargo el caso, Pedro Funes. Funes había notificado a Flavors a través de su apoderado sobre la citación de varios testigos, la mayoría empleados de la empresa y la constitución del tribunal en la ANMAT y el INAL, a efectos de analizar las muestras de los alimentos secuestrados.

La fiscal Daniela Zágari se opuso a dicha medida, por considerar que “esas notificaciones significaban una grave violación a las normas procesales por no ser parte la empresa Flavors». Funes no hizo lugar al planteo. Sin embargo, la funcionaria recurrió a la Cámara integrada por los jueces Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou.

Esos camaristas coincidieron en señalar que la acción penal se había dirigido en contra de los titulares de Flavors, Masilly S.A. y Flavors y Cía S.A. UTE, así como en contra de los funcionarios públicos encabezados por el ministro de Familia, Alfredo Pega. Consideraron que pese a que no habían sido individualizados los directivos, «en tal punto era donde debía establecerse quién o quiénes serían llamados para vincular al proceso” y no existían dudas respecto de que la empresa Flavors y Cía. S.A. no era ni podría ser parte en el proceso penal por su carácter de persona ideal».

Estrabou expresó que «si el juez quiso salvaguardar el derecho de defensa del o de los imputados debió citarlos para que designaran abogado defensor y si no pudo porque la individualización de quien o quienes revestirían ese carácter aún no había sido establecida, debió notificar al defensor general para la realización de aquellos actos (considerados definitivos e irreproducibles), como lo había hecho ante la presentación del requerimiento de instrucción el 31 de julio, previo a constituirse personalmente en Flavors (Conesa), para constatar las condiciones en que eran elaborados los alimentos».

El juez, coincidió con la posición de la fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, en cuanto a que la infracción debía ser subsanada mediante la declaración de nulidad. En relación al pedido de la misma funcionaria sobre un llamado de atención al juez Funes por dicha actitud.

Pero Funes, poco tiempo después se jubiló, pese a que se lo denunció en el Consejo de la Magistratura por considerar que sus actuaciones habían sido “irregulares” y la causa quedó en manos del Juan Bernardi, el mismo magistrado que en abril de 2015 fue procesado por el caso de abuso e incitación a la prostitución de menores, luego de las denuncias presentadas por lo ocurrido en el hogar CAINA de Viedma y en el que también hubo empleados del ministerio de Desarrollo Social, involucrados, incluso uno llegó a suicidarse luego de que el hecho tomara luz.

El 15 de octubre de 2010, el entonces legislador Pedro Pesatti, formalizó una denuncia ante el Consejo de la  Magistratura contra el Juez a cargo del Juzgado de Instrucción No 4, Juan Bernardi y también contra la Fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui y la totalidad de los integrantes de la Sala B de la Cámara Penal de Viedma, Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou. El objeto de esa presentación fue que el Consejo analizara “el bochornoso” desempeño que esos integrantes de la Justicia rionegrina realizaban en el marco de la investigación judicial del caso Flavors.

El parlamentario (actual vicegobernador), aseguró que era demasiado sospechoso que tanto los jueces de primera instancia como los camaristas que intervenían en la causa en la que se investigaban las millonarias defraudaciones efectuadas por empresarios y funcionarios, se hubieran apartado en dos oportunidades consecutivas del cumplimiento de las leyes que rigen al proceso penal, “beneficiando descaradamente con ello a los delincuentes que se enriquecieron lucrando con la adquisición de los alimentos truchos de la Empresa Flavors que después repartían en las escuelas”.

También, precisó que a fines del 2008 la Fiscal de la causa debió recurrir ante la Cámara Penal, porque en aquél entonces el ya jubilado juez Pedro Funes “estaba violando descaradamente el secreto de sumario en favor de las personas investigadas. A pesar de ello, quedó judicialmente acreditado en la sentencia de la Cámara. Pero, sus socios del Gobierno le pagaron los servicios prestados con una jubilación inmediata”.

En septiembre del 2010, el juez Bernardi, resultó severamente cuestionado por demorarse más de diez meses para resolver las situaciones procesales de todos, quienes eran investigados. Y se consideró que “a las apuradas”, dictó sin ningún fundamento la falta de mérito para cada uno de los sospechosos.

Pesatti había indicado que “no existían dudas de que ellos fueron los garantes de que la investigación judicial se hubiera visto empañada desde sus inicios”. A la vez, señaló que “a fines de 2008, la Cámara había detectado ­entre otras irregularidades­, que se estaba violando el secreto de sumario, debieron apartar o sancionar inmediatamente al juez Funes y sin embargo no lo hicieron. “Hace unas semanas atrás, ante la inusitada demora del juez Bernardi, debieron aplicar el Reglamento Judicial y decretar la pérdida de competencia para seguir interviniendo en el caso Flavors, sin embargo tampoco lo hicieron. Hay periodistas que han detallado todas las irregularidades que cometió el Juez a lo largo de la investigación, sin embargo estos camaristas no las advirtieron en su fallo de septiembre pasado».

Para el diputado provincial, era “evidente que había funcionarios judiciales que no querían que se hiciera Justicia, ya que parecía demasiado obvio que estaban dispuestos a tapar uno de los hechos más aberrantes, ocurrido en Río Negro».

Luego, la causa pasó a manos del juez Carlos Reussi, quien había tomado a fines del año 2011, otras denuncias relacionadas con casos corrupción y sobresueldos, dentro de la órbita del Estado rionegrino. Fueron circunstancias que se dieron a conocer durante los meses previos a las elecciones del 25 de septiembre, cuando el Gobierno perdió el poder, luego de haberlo mantenido por 28 años.

Sin embargo, Reussi había puesto el caso Flavors a despacho de su par, Guillermo Bustamante, aunque el 1 de septiembre del 2011, la sala B de la Cámara del Crimen de Viedma, ordenó que regresara a Reussi, con fuertes consideraciones y reiterando la exigencia de una “pronta resolución”.

En coincidencia con lo expresado por la fiscal Daniela Zágari, el tribunal resolvió “rechazar más postergaciones”, solicitando que el expediente volviera al titular del Juzgado N° 2.

El juez Carlos Reussi contó con cuatro meses para resolver si procesaba, sobreseía o dictaba la falta de mérito a los siete imputados, hasta ese momento: Alfredo Pega, Cristina Uría, Pablo Federico Verani, Adriana Gutiérrez (integrantes del Gobierno provincial) y a los empresarios de Masily y Flavors, Javier Mattas, Daniel Fernández y Máximo Vicchi.

La Cámara había revocado las faltas de mérito dispuestas por el magistrado subrogante en el Juzgado 4, Juan Bernardi, quien en agosto había sido reemplazado por Bustamante.

Desde la Cámara se indicó que «el plazo de cuatro meses otorgado a Reussi para resolver debía contarse desde la fecha de su avocamiento, 6 de mayo de 2011”. Para entonces, habían transcurrido las tres cuartas partes del  plazo otorgado. Por esa razón, por lo avanzado de dicho plazo; por el avance de la causa bajo su jurisdicción, merced a las medidas de prueba ordenadas por el magistrado y porque la voluminosidad y complejidad del  expediente, demandarían un prolongado tiempo de estudio al nuevo juez, lo que implicaríauna mayor demora en la tramitación».

Estrabou, en tanto, adhirió a lo expresado por Bustamante e indicó que no implicaba la celeridad del procedimiento, la negación a una conducta garantista de los jueces, acorde a los mandatos constitucionales de respeto al derecho de defensa. “Deben cumplirse los plazos determinados por el Código Procesal Penal y la Sala”, indicó.

Además, que no correspondía hacer lugar a prórroga alguna y debían remitirse las actuaciones a la instancia de origen para que se “enderezara” el trámite y se “resolviera la situación legal de los imputados en el plazo de cuatro meses ya fijado por el tribunal».

Por su parte, Cerdera destacó que «correspondía al Estado, garantizar que el debido proceso se llevara a cabo en un plazo razonable por lo que de permitirse el avocamiento de un nuevo juez, resultaría atentatorio contra el desarrollo de un proceso legal con observación de la garantía del debido proceso y un desconocimiento de lo ya resuelto».

Por ello, ordenaron a Bustamante la devolución de las actuaciones principales a Reussi y no hacer lugar al pedido de prórroga solicitado. La celeridad brilló por su ausencia. Esas consideraciones fueron dadas por los camaristas en septiembre de 2011, aunque hasta el momento, han pasado cinco años y si bien se conoció el procesamiento de los imputados, todavía se espera por el juicio. La causa pasó a manos del juez Flavio Igoldi, quien resolvió dichos procesamiento y anunció, el 23 de diciembre de 2014, el envío a la instancia oral, hecho que todavía no ha sucedido.

Un párrafo aparte, permitiría, quizás, reconocer en contexto a estas demoras injustificadas, al considerar lo  expresado por el propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que el 4 de abril de 2016, recomendó a magistrados y funcionarios “que eviten demoras en las causas judiciales”.

En el portal de la agencia ADN, se publicó que “un hombre fue absuelto libremente de culpa y cargo, después de un año, por los jueces de la sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma del delito de abuso sexual sin acceso carnal en perjuicio de una nena de siete años, a quien besó. La causa prescribió, por lo cual el Superior Tribunal de Justicia recomendó a los magistrados y funcionarios del fuero que “extremen el celo en el cumplimiento de su labor para evitar en el futuro esa situación”.

El hecho había ocurrido el 2 de agosto de 2012, en Viedma, donde O.O.G. (su identidad no consta en el expediente judicial) besó prolongadamente en la boca a una nena que jugaba con sus hermanitos en la calle. Fue entonces que la pequeña zafó de los brazos del imputado y se tiró al piso.

“La Cámara de Viedma tuvo acreditado el beso, previo a levantar a la niña, pero no las demás circunstancias, como la duración y el modo de esa acción. Ahora, el STJ aclaró que se investiga un hecho de tales características, ocurrido en junio del año 2010, con llamado a indagatoria el 1 de septiembre, requerimiento de elevación a juicio del 12 de octubre y citación a juicio el 22 de octubre, todos de ese mismo año.

Ante la ausencia de antecedentes del imputado, ese fue el último acto procesal apto para interrumpir la prescripción de la acción penal, por lo que ésta ya se encontraba extinguida incluso antes del debate oral, concretado el 2 de marzo de 2015, previo a la sentencia recurrida.

“Lo expuesto pone de manifiesto la inutilidad del planteo del recurso en tanto procura una nueva posibilidad persecutoria para el Estado, cuando la acción penal a todo evento ya se encontraría prescripta”, señalaron los jueces del Superior Tribunal. Agregando que “no podemos dejar de llamar la atención sobre el dispendio jurisdiccional innecesario en que han incurrido los diversos actores judiciales intervinientes en la presente causa, al no advertir la prescripción operada….”. Para estas expresiones, el titular del Colegio de Magistrados de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondál, reconoció la “lentitud de la Justicia en la Provincia”. El juez, dijo en una entrevista dada a Radio Nacional que “si bien el STJ hace referencia a una causa en particular, la recomendación se entiende en forma general, dado que a veces, el celo de querer extremar cuidados hace a la demora. La justicia en términos generales resulta lenta…”.

Sin origen pero con establecimiento

Entre los antecedentes citados por la empresa (todos requeridos en el marco del proceso licitatorio), se constata también que los mismos son “inexistentes”. Entre ellos, los del municipio de Guaymayén (Mendoza). Aunque sí se detectaron varios procesos judiciales en su contra, dados en dicha provincia.

El propio municipio respondió a un requerimiento, indicando que la empresa (Flavors), “no tenía ni tuvo relación contractual de ningún tipo con dicho organismo, tanto en forma directa como mediante licitación pública o privada”.

Esa nota fue firmada por la doctora María Belén Leal (asesora letrada del Municipio) y por el contador Luis Alberto Giménez, director de Compras y Suministros. Cabe mencionar que Flavors había presentado entre sus antecedentes como prestador, al municipio de Guaymayén, según consta en el expediente.

No obstante, La dirección general de Salud Ambiental en Río Negro, había reconocido que no se le hacían controles a los alimentos, respecto de los nutrientes, “por no disponer de la tecnología requerida…”, pese a las afirmaciones que en sentido contrario había realizado el ex titular de Familia, Alfredo Pega. Incluso, el ex ministro ya en su condición de legislador provincial, en el año 2015 ratificó el hecho a través de una entrevista realizada en Radio Nacional El Bolsón.

Los resultados obtenidos por I.A.C.A. a pedido de la F.I.A. en cuanto a la leche distribuida por la empresa, fueron “negativos”. Todo fue puesto en conocimiento del juzgado, fiscal y funcionarios del Ejecutivo en forma inmediata.

A la vez, surge que por Resolución 773/07 del ministerio de Salud rionegrino, se solicitó la baja de 30 de los 32 productos entregados, que estaban inscriptos en el R.N.P.A., seccional San Luis. “Pero esos productos nunca fueron inscriptos en Río Negro, por el contrario, la empresa utilizó el número otorgado por la sede de San Luis, falsificando de ese modo los datos sobre su origen”, según consta en el expediente investigativo de la Defensoría del Pueblo.

Por qué se inscribe a la empresa Flavors en el R.N.E. como “fraccionadora”, a pesar del supuesto traspaso de la producción a la localidad de General Conesa, en Río Negro, es la pregunta que no resiste explicación, habida cuenta de la obligación que pesaba sobre los organismos de control, no sólo de la elaboración de un producto alimenticio sino de lo que parece más grave, de productos que se distribuían en escuelas, hogares y establecimientos de atención social.

Como es sabido, cualquier producto elaborado, requiere de un registro que se conoce con un número de RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios), según establece el Código Alimentario Nacional. Sin embargo, el control, por parte del Estado, no se había efectuado en tal sentido. Se incorporó en la etiqueta de los envasados el R.N.P.A., con elaboración en San Luis, aunque dicho registro había sido dado de baja en ese distrito, a pedido de la propia empresa.

Los organismos de control de Río Negro, no efectuaron los seguimientos necesarios para el caso y la Provincia no anotó a los productos en el R.N.P.A., evitando de esa forma efectuar dichos controles, e inscribiendo a la empresa como “fraccionadora” en el R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento), a través de la Resolución 773/07 del ministerio de Salud.

El resultado es que se homologó un producto de una tercera empresa para producir en la Provincia (infracción Artículo 6 del Código Alimentario), invocando como elaborador y citando la registración del establecimiento de Flavors & CIA S.A. como “fraccionador” en el R.N.E. de Río Negro. Cabe destacar que pese a estas irregularidades, la legisladora Uría (en el año 2015), aseguró que bajo su cartera (ministerio de Salud), “había cientos de cajas de registros y archivos referidos a los controles efectuados en el caso Flavors”. Sin embargo, tal declaración se contrapone con las de los funcionarios del área de Bromatología, quienes aseguraron que dichos controles “no se efectuaron debido a la falta de equipamiento”.

Asimismo es dable destacar, aunque un hecho no debería ser enfrentado con el otro, que la legisladora Uría, desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2015, en su tarea parlamentaria, se dedicó a presentar iniciativas vinculadas con la salud, los derechos de los ciudadanos en ese sentido, a la vez que hizo declaraciones ­y en varias oportunidades­, respecto del estado de los hogares de contención de niños, niñas y adolescentes.

Sin perjuicio de desconocer lo que la legisladora pudo haber indicado e incluso que pesa sobre sus dichos, una realidad innegable, como la del caso del hogar CAINA en Viedma. Vale al menos preguntarse si no parece un “chiste”, por lo menos desde la primera impresión.

“El Estado rionegrino, para cuidar a 52 niños que tenía a su cargo, disponía de 754 personas, de acuerdo a la información oficial brindada. No obstante, desde el organismo se difundió que en realidad se trataba de “783, el número de agentes disponibles para ese sector ministerial” y se subrayó el aumento cercano al “400 % del presupuesto destinado al área, situación que no se reflejaba en los hechos”.

El Hogar CAINA de Viedma presentó “un panorama deplorable. Madres adolescentes con sus hijos bebés. Uno de ellos, en una cuna y alojado en un lavadero. Los hechos fueron constatados en tres oportunidades”, según la Defensoría.

La madre de la criatura, vivía dentro de un placard en donde tenía su cama. La joven debió pararse arriba de la cama para dialogar con la defensora del Pueblo porque no había más espacio en la habitación.

Y volviendo al caso Flavors, durante la investigación, se presentaron testimonios respecto de la comida elaborada o pre­elaborada, en cuanto al bajo valor nutricional, además del “mal gusto”, “mala calidad” y “vencimientos”.

Pese a ello y a las declaraciones, también es importante tener en cuenta que el aparato gubernamental de ese momento, contaba con un conjunto de nutricionistas y profesionales de la salud, quienes luego de que el caso saliera a la luz y tomara cuerpo en los medios, no se manifestaron al respecto, salvo en raras excepciones.

“La leche que los parió” fue el título de un informe especial presentado en septiembre del año 2010, en el programa “La Trastienda” (en la TV de San Carlos Bariloche), sobre la falta de controles por parte del Estado y el “desprecio”, si fuera una palabra posible de utilizar, hacia la vida de las personas y en particular la de niños y niñas que asistían a las escuelas públicas.

Cabe hacer esta salvedad, recordando dos años previos al inicio de las investigaciones del caso Flavors, puesto que se trató de un acontecimiento ligado a la lógica evidenciada en ese momento.

Acaso sería posible discutir si corresponde o no que los municipios se hagan cargo de los comedores y en consecuencia de otras áreas vinculadas a la educación. Pero la discusión, por fuera de los aspectos ideológicos que ésta encierra, debería darse (así lo entendemos), alrededor de qué capacidad tenía cada municipio o quién era el responsable final, ya que la operatividad derivada a los municipios, no supone la totalidad del proceso, habida cuenta de que los fondos, el manejo licitatorio y otros aspectos requeridos, seguían estando bajo el accionar provincial.

El informe fue iniciado a raíz de la decisión judicial que obligó al municipio de Bariloche a tirar la increíble cantidad de veintiún mil litros de leche a la basura.

Increíble, paradigmático; imposible de concebir, la cifra logró un impacto considerable, pese a que se trataba de un desenlace anunciado, de acuerdo a las circunstancias que fueron marcando a los hechos precedentes.

El comienzo de esa investigación, se dio a través de la prensa gráfica en el diario El Ciudadano. En ese medio, se daba a conocer el final lastimoso, por las consecuencias del reclamo que habían comenzado a manifestar los padres, a raíz de la decisión del Gobierno rionegrino de dejar en manos de las municipalidades, la provisión de alimentos en los comedores escolares.

Sin embargo, el desencadenamiento no sólo se dio a partir de la intervención de la Asamblea por la Educación Pública; docentes; gremio de Educación (UnTER), sectores políticos enfrentados al Gobierno y la prensa, sino que logró destrabar entre algunos sectores de la sociedad, lo que al parecer estaba dormido: la inquietud y la instalación en la agenda periodística de un tema que si bien poco a poco se fue desvaneciendo, gracias a la insistencia de los padres logró captar la atención, luego de que les pidieran a los concejales de esa ciudad que bebieran la leche que se distribuía en los comedores.

Después de la reacción de varios sectores políticos, incluido el del Gobierno municipal y sus funcionarios, se titulaba en el diario que se tirarían “10000 Litros”. No obstante, a días de ese informe, el titular del ministerio de Educación de entonces, César Barbeito, indicaba, en una entrevista, que: “Lo de la leche había sido un despropósito” (SIC).

Barbeito era el titular de la cartera educativa, pero poco después dejaría el cargo por licencia política, debido a que sería el candidato del oficialismo a ocupar la banca de Gobernador, para las elecciones que se darían un año después, en septiembre de 2011. César Barbeito, había dedicado parte de la entrevista para hablar de la reforma en la educación y de las licencias de los docentes. “La Provincia, gasta 80 millones de pesos por año, en licencias”, dijo.

Pero la excusa de un conflicto con el gremio, no impidió que se refiriera al hecho como un “despropósito y una barbaridad”. Aunque prefirió derivar la responsabilidad hacia la “Justicia”, distanciando al Gobierno provincial y señalando que “la Municipalidad, pudo haber hecho una nueva presentación ante el juez”. Barbeito agregó que el problema “nunca debió haberse dado ya que la denuncia no era un hecho menor”.

Para que se entienda, en el año 2009, la provincia de Río Negro a través del ministerio de Educación, había delegado la responsabilidad de la asistencia a los comedores escolares en los municipios. En el caso de Bariloche, un grupo de padres y docentes, detectaron irregularidades en los productos y presentaron la denuncia ante la Fiscalía, a cargo del doctor Guillermo Lista.

En ese sentido, las denuncias y los avances en la investigación en la causa Flavors, fueron condimentos coadyuvantes para inquietar, tanto a los padres como a las autoridades y despertar el alerta respecto de la calidad de los alimentos que eran consumidos por los alumnos.

Los hechos se dieron tras detectar a varios chicos con cuadros de descomposturas. Los padres probaron la leche y aseguraron que tenía un “sabor extraño”. La justicia demoró en intervenir y fue entonces que se buscó el apoyo político para que la sociedad rechazara las provisiones y en consecuencia, se ejerciera algún tipo de presión para que las autoridades asumieran las responsabilidades necesarias en función del daño temido.

De ese modo se logró que las cajas almacenadas en un depósito municipal fueran incautadas por orden judicial. La leche quedó en el depósito, no fue distribuida y se venció.

Todas estas circunstancias llegaron hasta junio de 2010, fecha en la que la ciudad de Bariloche quedó prisionera de un estallido social, a partir de las muertes de tres jóvenes, que se dieron en condiciones poco claras para las que la vulnerabilidad fue el motivo principal en un sector de la población que estuvo y está relegado desde hace muchos años. Los casos Bonefoi; Cárdenas y Carrasco, obraron también como bisagra para revelar la condición de ineficiencia que presentaba el ministerio de Familia y otros organismos de asistencia en la Provincia. El resultado fue que el gobierno de Río Negro decidió constituir un “Gabinete social”, que se reuniría una vez por mes en la ciudad.

Un tiempo después (dos meses), en oportunidad de cubrir la entrega de computadoras en la escuela hogar del paraje Clemente Onelli, a 60 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci (la ciudad más importante de la zona Sur de la Provincia), participaban del acto varios funcionarios del Gobierno y pudimos entrevistar al Gobernador, al ministro Pega (ministerio de Familia) y a funcionarios de la cartera que participaban del Gabinete social en Bariloche. Sin embargo y como hecho relevante, rescatamos el testimonio que dio una operadora del ministerio de Familia. Por razones de ética, no daremos a conocer su nombre puesto que la charla que mantuvimos no fue en el marco de una entrevista. Pero podemos asegurar que la mujer indicó que “era de Viedma y asistía una vez por mes a Bariloche siendo parte del equipo que se trasladaba a la ciudad para realizar la asistencia reclamada”. Lo notorio fue que dicha empleada aseguró que “no era profesional; que no conocía la realidad social de la ciudad y que no sabía para qué participaba de esas reuniones”.

Volviendo al ministro de Educación, éste había dicho que “las razones que produjeron la situación extrema en la ciudad, se debían en gran medida al déficit en la educación, por la falta de recursos para generar un proyecto adaptado que pudiera renovar las condiciones existentes”. Hizo hincapié en la “reforma” que se proponía desde el Ministerio, que tenía como “principal objetivo que los alumnos asistieran a las escuelas, para aprender a través del juego”.

“Los chicos deben jugar y debemos recuperar conceptos educativos que se han perdido. El punto es que la falta de recursos siempre ha limitado las acciones, pero pensamos que con el Proyecto Educativo que estamos proponiendo, vamos a mejorar la calidad en el aprendizaje y en la función que tiene la escuela dentro de la sociedad”, dijo. Algo que parecía más una incoherencia que las declaraciones de un funcionario de primera línea, considerando los hechos que se estaban dando.

La nota en el diario El Ciudadano, llevaba por título: “La demora no importa, el hambre espera. 10.000 Litros de leche a la basura”. Se exponía que el número sería más del doble en pocos días. “La Municipalidad deberá tirar 9308 litros de leche vencida, pero se espera para el 10 de agosto, que otros 11.300 litros caigan en el mismo destino”.

Vergüenza, negligencia, olvido, falta de interés. “La Municipalidad guardaba en los depósitos del DINARA (un establecimiento destinado al sector social), ubicado en la Ruta 40, en la zona sur de Bariloche, cerca de cuatro mil (4000) cajas de leche que esperaban la decisión judicial.

Supimos que 1790 cajas de 800 gramos cada una, tendrían que tirarse porque habían vencido. El total de esas cajas, sumaba 1432 kilos de leche en polvo, los que significaban 9308 litros. Aunque, se esperaba el vencimiento para el 10 de agosto, de ese mismo año, de otros 11294 litros. Se trataba del producto “Punta de Agua”, que se había  utilizado para los comedores escolares cuando la Municipalidad se había hecho cargo del abastecimiento en las escuelas. La marca, como otras, había sido retirada por cuestionamientos en cuanto al contenido nutricional, hecho que llevó al Gobierno municipal a presentar la denuncia judicial. No obstante, luego se realizaron los estudios bromatológicos que indicaron la aptitud; aunque fue tarde.

La secretaria de Desarrollo Social de Bariloche, Norma Gómez, comentó que las razones de la demora para el uso, “se encontraban en la Asesoría Letrada”, ya que “se habían cruzado varias notas para que el organismo legal intercediera ante la Justicia” a fin de que la leche pudiera ser utilizada o desestimada en forma definitiva.

Según Gómez, pese a los estudios que dieron positivos, “se requería la confirmación de la Justicia para que se autorice o no el uso del producto”. Lo cierto fue que al 13 de junio, vencieron 948 cajas de 800 gramos cada una y el 4 de julio, 842.

Sin embargo, en el periódico digital “Punto de Equilibrio”, se planteaban las razones que llevaron a las demoras en la decisión judicial. En el sitio se indicaba que acaso una investigación arrastraba a la otra, dado que entre los productos mencionados, se encontraba la leche LAC 3.

La suposición del medio giró en torno de la posible integración de los dos casos en un mismo expediente judicial, en el que se podría indicar el delito de corrupción pública y privada.

En ese sentido, la pregunta fue por qué la leche “LAC 3” comprada y distribuida en la ciudad de Bariloche estaba prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en todo el territorio de la República Argentina y desde el año 2007. Cabe señalar que la compra de ese producto, se efectuó en el 2009.

Según el informe de ese periódico, desde el que se hizo una pormenorizada investigación sobre los productos y cuyo material fue utilizado por los padres integrantes de la Asamblea por la Educación Pública para argumentar sus reclamos, “todo había comenzado en los primeros días de octubre del año 2009.

La Asamblea, por intermedio de una de su principal vocera (Norma Cárdenas), denunciaba que en los establecimientos de Bariloche (escuelas públicas), se distribuía un tipo de leche que era “intomable”. Además había señalado que “no se trataba del producto que se había acordado en la licitación” (LAC 3 y PUNTA DE AGUA).

”La investigación, no parecía entonces, de difícil resolución y mucho menos, luego de que se conociera que la marca LAC 3, estaba prohibida en todo el territorio nacional”. “Se trataba de un claro caso de corrupción pública, probablemente en connivencia con su contraparte privada. Se entregaban productos de dos marcas no licitadas y una de ellas tenía vedada su comercialización por el organismo nacional en todo el país”. Según se indicaba, la leche prohibida estaba adulterada, con saturación de azúcar y almidón”.

De ese modo lo indicaba la ANMAT, con la Disposición 2028/2007, al publicar: “Prohíbase la comercialización del producto “Alimento a base de leche entera en polvo y azúcar instantánea marca ‘LAC 3’, elaborado por Expo Consumo S.R.L.”, por tratarse de un alimento adulterado”.

En el texto se señalaba que, de acuerdo al expediente 1­0047­2110­6017­06­1 del Registro de esa administración, se consideraba que “las actuaciones se originaban a raíz de un comunicado del Sistema Provincial de Salud de la dirección de Bromatología del ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán, en relación al producto”. Se trataba del alimento a base de leche entera en polvo y azúcar instantánea marca: “LAC 3” en el que se manifestaba que el rótulo de los tres envases recibidos en esa Dirección estaba tapado por un sticker con código de barras. Lo mismo que en la copia del rótulo que se adjuntaba como “datos del establecimiento elaborador”: Expo Consumo S.R.L., con domicilio en Máximo Paz No 177, Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, RNE No 02­033989 y RNPA No Expte. 4060­985 E2004.

La Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires, acerca del registro del establecimiento elaborador, informó que “el RNE No 02­033.989 correspondía a la firma Expo Consumo S.R.L., elaborador de productos a base de leche en polvo, con domicilio en Máximo Paz No 177 de la localidad y partido de Lanús”. La subsecretaría de Control Sanitario del Laboratorio Central de Salud Pública de Buenos Aires, acerca de la autorización del producto mencionado, informó que el expediente se encontraba caratulado, según la base de datos del centro de cómputos del ministerio de Salud como “Expo Consumo S.R.L.”, sobre inscripción del producto: “alimento a base de leche entera en polvo azucarada”, situándose en la comuna de Lanús desde el 4 de enero de 2006, sin haber pasado por el departamento de inscripción de productos de consumo del laboratorio central de Salud Pública de La Plata.

El departamento de evaluación técnica del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) informó que no obraban en esa dependencia, antecedentes de autorización del producto mencionado, en el marco del Artículo 3o del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) y que realizados los análisis por la Autoridad Sanitaria de la provincia de Tucumán, arrojaban como resultado que el producto contravenía al artículo 6o bis y al 6o inciso 7o de dicho Código, por tratarse de un “alimento adulterado”. El motivo, de acuerdo a los resultados analíticos, fue la proporción de azúcares (superior a la de leche), lo que no correspondía con lo declarado en la denominación del producto, ni en la lista de ingredientes y por haber sido adicionado de almidón, aditivo no autorizado en la elaboración de leche entera en polvo ni en la de azúcar.

Por otra parte, el departamento vigilancia alimentaria del INAL por nota No 1766/06, indicó a la firma Expo Consumo S.R.L. que procediera a realizar el “retiro preventivo” del producto del mercado en un plazo de 48 horas y a remitir al Instituto Nacional de Alimentos, la información que “incluyera copia del rótulo del producto, monografía, cantidad del producto en el mercado, detalles de distribución (canales y zonas) y estrategia de retiro”.

El INAL, por nota No 1767/06, solicitó a todas las direcciones bromatológicas del país y delegaciones que  “procedieran a realizar el monitoreo del retiro del producto por parte de la empresa”.

El organismo, finalmente, aconsejó “prohibir” la comercialización y uso en todo el territorio nacional del mencionado producto, independientemente de las demás acciones que pudieran corresponder.

La dirección de Asuntos Jurídicos del INAL, tomó la intervención de su competencia.

El interventor del organismo procedió a “prohibir” la comercialización en todo el territorio nacional. Se ordenó a la firma Expo Consumo S.R.L. que procediera al retiro del mercado del producto mencionado, debiendo presentar la documentación respaldatoria de dicha diligencia, por ante el Instituto Nacional de Alimentos. La Resolución, llevaba la firma del interventor de la ANMAT,  entonces, Manuel R. Limeres.

Al parecer no había mucho por decir. La leche llegaba a su fecha de vencimiento en un depósito porque nadie quería consumirla, como tampoco no quisieron hacerlo los concejales de Bariloche, cuando los integrantes de la Asamblea por la Educación Pública les pidieron que la probaran.

El 21 de agosto de ese año, se solicitó por nota al intendente de Bariloche, un informe detallado acerca de los procesos referidos a la implementación del refrigerio escolar, siendo éstos los aspectos “económicos, de control de calidad, periodicidad, entrega y los referidos a las tercerizaciones efectuadas por las empresas adjudicatarias; relación con los establecimientos beneficiarios y otros aspectos vinculados a la entrega de los alimentos”.

Sin embargo, luego de cuatro meses, en diciembre, la Defensoría presentaba el informe In Voce en la Legislatura rionegrina, señalando que “tras haber reiterado la solicitud, no se había obtenido respuesta”.

En la exposición, se manifestó que “la leche entregada por convenio entre El ministerio de Educación y el municipio de San Carlos de Bariloche resultó, como fue de público y notorio conocimiento, “estar adulterada”, pero no se había obtenido respuesta por parte de la secretaría de Desarrollo Social barilochense, organismo al que se le había reiterado el informe.

Consideramos necesario este recorrido, cuyo objetivo no es otro que el de ubicar al lector frente al desencadenamiento de un proceso “hegemónico”,dado de un modo atroz, engendrado en el caudillismo; en el abuso de poder y en la negación permanente de la realidad.

Quien en vida fuera el primer gobernador de la provincia de Río Negro, luego de que el país recuperara la democracia en el año 1983, Osvaldo Álvarez Guerrero, había señalado que “denunciar las mentiras y falacias del régimen era insuficiente. Antes parecía necesario comprender sus estrategias, en las que se debe reconocer la “astucia” y un enorme instrumental persuasivo. “La <idiotización> masiva suele ser el gran arma de cualquier régimen autoritario, incluso para los que alegan su democratismo”.

“Mercantilista y parasitario, el régimen desprecia los valores del espíritu, ámbito sagrado de la persona, en el que la democracia se afirma. Descreído de los valores éticos de la República, sólo invoca la libertad para sí mismo y en perjuicio de la ciudadanía, ignorando la igualdad requerida para un orden justo y la solidaridad que constituye su fermento. Para vencerlo es necesario entenderlo en su historicidad”.

Puede parecer increíble pero, Osvaldo Álvarez Guerrero fue el primer mandatario provincial del partido que gobernó a la provincia de Río Negro luego de 1983; el mismo partido que albergó a los funcionarios que fueron parte de las irregularidades que se evidencian en este informe.

Palabras como emancipación, independencia, libertad, dignidad, fueron los pilares en el pensamiento de Álvarez Guerrero. Signos que quedaron muy lejos de lo que vendría luego de su gobierno. En todo caso, en el análisis de los hechos denunciados, se puede relevar que esa independencia fue abusada por un estilo político que denostó la vida de las personas hasta su máxima expresión, a partir de una forma que se hizo estructural.

Desde el año 2003, cuando asume en la gobernación Miguel Saiz, fueron varios los partidos políticos que se sumaron a la escalada por marcar de un modo u otro, el riesgo que podría significar que la oposición llegara al poder.

Esos discursos que generaron acciones y reacciones de elevado grado de “perversidad”, fruto de la inconsistencia en la que se dieron y ante una realidad que fue socavando al ideal político, pusieron el acento en fuertes críticas hacia el Gobierno nacional (por ejemplo), al indicarlo como el “peligro” de lo que podría darse en Río Negro.

Pero los mismos actores y lo que parece peor, los mismos socios políticos (que criticaban al Gobierno nacional pero permitían las aberraciones en el provincial), miraron hacia otro lado, ante hechos de corrupción que no tuvieron precedentes. Lo cierto es que hasta el momento no existen análisis que puedan cuantificar ese daño y la perspectiva derramada sobre la población, aunque podríamos presumir que es incalculable.

El Gobierno provincial llevaba 23 años de mandato ininterrumpido, con el consecuente desgaste institucional, luego de haber perdurado semejante tiempo en el poder. No obstante, había adquirido y desde hacía varios años, un permanente y complejo método de cooptación de fuerzas políticas opositoras, permitiendo de ese modo el debilitamiento de la oposición.

Supo sostener durante 28 años, un mecanismo a expensas de todo lo imaginable y aún desde “sus propios principios doctrinales”, tal como han asegurado varios de los referentes partidarios que quedaron olvidados como anécdota del pasado, igual que las palabras del propio Álvarez Guerrero.

La asociación permanente en cada proceso electoral con partidos minoritarios ­muchos de ellos creados o por lo menos, sostenidos económicamente por el propio Gobierno­; la incorporación de dirigentes del partido Justicialista a las estructuras oficiales (debilitando aún más a la oposición) y en el último período de mandato, la adhesión al Gobierno nacional, dentro de la corriente identificada como “Radicalismo K”, hizo que esa debilidad del Peronismo, originada en gran medida por la falta de liderazgo, se viera año tras año y elección tras elección, condenada a mirar desde un rincón desde el que lograba hacerse del poder y en consecuencia, desde el fracaso.

Se trató de un proceso en el que su identidad ­creada por fuera de las tradiciones que le dieron origen­, poco a poco se convirtió en un sistema excluyente desde todo punto de vista. Siendo que sus resultados más férreos se vieron, como no pudo ser de otro modo, entre los sectores más desprotegidos.

La salud, la educación, los planes sociales, el asistencialismo, fueron detalles indicados como la punta de un iceberg, que dejaron traslucir en los últimos años, a un sistema político que no logró sostenerse por la propia irresponsabilidad de su dirigencia.

El inicio del Gobierno del Radicalismo en la Provincia, a partir del advenimiento de la democracia, tuvo una impronta diferente. Acaso, ubicada en las antípodas del final que se alcanzó en el año 2011. A través del paso del tiempo, se contrapuso una muestra de degradación elevada hacia las ponencias más elocuentes que concluyó, entre otros, con la entrega de alimentos en mal estado para los comedores escolares.

Álvarez Guerrero ha sido identificado como “un dirigente de los que ya no se encuentran”. Una característica a la que apelaron varios representantes de su partido, aunque sin la fuerza suficiente para revertir el estigma que ellos mismos señalaban en los funcionarios del Gobierno.

Los “correligionarios”, algunos con cierta melancolía y otros, en el ejercicio capcioso de recordar lo que no pudo ser de la historia rionegrina, se identificaron como los “radicales puros”. No obstante, tal vez por la misma deficiencia del Peronismo en cuanto a la falta de referentes que lideraran un proyecto de cambio; la inferioridad numérica y la debilidad económica, ante la opulencia de sus colegas partidarios que estaban en el poder, ese sector que pretendió conservar los preceptos originales de la fuerza, no logró convencer ni siquiera en las compulsas internas.

El 27 de agosto de 2008, el Ministerio de Salud dio respuesta a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo, donde se solicitaba, entro otros requerimientos, que se dispusiera de un minucioso análisis, tendiente a corroborar la “comisión de irregularidades que podrían configurar ilícitos penales”.

Se remitió dicha documentación a la Justicia, para ser sumada a la causa. La Defensora indicó a la prensa que “en la respuesta que se daba desde el organismo, se advertían datos confusos, tanto en lo que hacía a la documentación y controles realizados como en cuestiones relacionadas con el Registro Nacional de Productos Alimenticios”.

Se señaló además que existió “confusión” en relación a la actividad realizada por las firmas Flavors & Cía, y Massily S.A. en cuanto a la elaboración y fraccionamiento de los alimentos que distribuían.

Se observó la irregularidad como “artilugio” para confundir, lo que era recurrente en todos los expedientes. También, la irregularidad de asimilar los números de inscripción de determinados productos de Massily S.A., en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) y otros, con el número de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), perteneciente a FLAVORS & CIA. S.A. En ese caso, las responsabilidades eran atribuibles a los ministerios de Familia y Salud.

Se llegó a esas conclusiones, debido al celo en el manejo de información, que debían extremar ambos organismos, de acuerdo a lo solicitado en dicho informe.

El modelo de etiqueta que se adjuntó al expediente presentado por la Defensoría y que se suponía autorizado por el ministerio de Salud, llevaba la inscripción: “Elaborado y Envasado por FLAVORS & CIA. S.A. (CONESA)”.

Pero, desde el informe presentado a partir de la investigación, se señala que dicha inscripción debía indicar:  “Elaborado por MASSILY S.A. (San Luis) y fraccionado por FLAVORS & CIAS. S.A.”. De esa forma se incurrió en la falsificación de alimentos, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, pudiendo convertirse el hecho en la comisión de “un delito de jurisdicción Federal”. Tal condición llevó a solicitar que se “particularice” en que gran parte de la documentación remitida “carecía” de la firma de los funcionarios actuantes.

Cabe mencionar que, por naturaleza, el ministerio de Educación también debió ser responsabilizado. Sin embargo, se entendió que se trataba de una operación “comercial” en la que éste no participaba.

 

Una nueva licitación (impunidad, ojos cerrados)

Sería posible indicar que nada puede estar más alejado del ideal político, cuando la dirigencia no tiene la capacidad de escuchar o ver lo que sucede a su alrededor. Al menos eso sería presumible frente a lo que el efecto debería generar en el ejercicio de relacionarse con la ciudadanía.

Pero el fenómeno que sintetizó a esos días, parece haber fundado sus cimientos en las perspectivas de negación, desconocimiento; de relativizar todo y también en todos y cada uno de los reclamos que pudieron hacerse o pudiéramos imaginar para que se reconozcan los errores.

A comienzos de septiembre del año 2008, La Defensora del Pueblo hizo declaraciones en un medio radial de Viedma, con los periodistas Néstor Busso y Abner Lobos. En esa oportunidad, se refirió al informe que el ministro de Familia había presentado en la Legislatura.

El entonces ministro Alfredo Pega, no respondió a las denuncias formuladas. La Defensora dijo que si quería dar a conocer la cantidad de programas del Ministerio, la cantidad de computadoras con las que contaba el organismo y otras apreciaciones (menores), podría haberlo hecho, pero antes “tenía que haber explicado; contrarrestado; corregido y reconocido”, todas las denuncias que se habían presentado por el maltrato que recibían los niños que estaban bajo esos programas, dependientes de Ministerio a su cargo y por supuesto, respecto de las empresas Flavors y Massily”. Pega no respondió. “Lo único que dijo fue que “denunciaría” a la Defensoría.

“El Ministro estuvo casi una hora y media hablando de los avances tecnológicos de su organismo. Cabe señalar que a menos de un mes de ese intercambio, habían muerto dos niñas que estaban bajo su tutela”. Fueron menores que perdieron la vida al inhalar anhídrido carbónico mientras dormían en una habitación cuya estufa no tenía tiro balanceado.

Las niñas habían fallecido en un hogar de la provincia de Neuquén. La pregunta fue “por qué estaban en ese lugar, cuando Río Negro contaba con espacios para contención, como los centros asistenciales Gabriela Mistral o Alfonsina Storni. Esos sitios estaban “casi desocupados”. Sin embargo, se había internado a las niñas en la provincia vecina.

El Ministerio debía explicar por qué tenía a 48 chicos bajo su órbita y a 754 personas para cuidarlos, cuando el estado de los menores alojados en esos lugares, podría ser considerado como “deplorable”.

A la vez, en esa oportunidad, la Defensora habló acerca de la actitud del Gobernador en cuanto a concurrir a la Legislatura cuando el Ministro dio el informe. “De ser el Gobernador y tener un ministro tan cuestionado por un órgano de control, le diría “vaya y defiéndase mi hijito. Dependiendo de cómo se defendió, tendría la posibilidad de continuar en el Ministerio, pero no lo cubro porque no lo hago ni con mis hijos…”.

Pero las consideraciones de la Defensoría no tuvieron eco en el Gobierno provincial. Por el contrario, éste se abroqueló tras la búsqueda de defensa y encubrimiento. “Deberá cambiar de estrategia porque se equivoca”, aseguró Ana Piccinini.

El Gobernador estuvo en todo momento informado acerca de las irregularidades. Se le había enviado una carta, que “constaba de varias carillas, en la que se indicaban que las cosas se hacían mal o no se hacían”.

En el texto, se le recomendaba al primer mandatario que prestara atención y que pusiera cuidado. Según la defensora del Pueblo, esa nota “nunca” fue respondida. “Ccomo si no la hubiera recibido”.

La empresa Flavors llevaba 10 años proveyendo al Estado rionegrino. Pero, se proponía renovar la licitación por la prestación de los servicios con un contrato de 159 millones de pesos, “a pesar de todos los cuestionamientos que tenía en su carácter de proveedor estatal”.

“La expectativa estaba puesta en que el Ministro iba a hacer una escenificación de la empresa, incluso con material fílmico, como hizo con el tema de los niños.

Algo que hubiera demostrado que la investigación estaba errada y que se trataba de una empresa que reunía todas las condiciones enmarcadas en la ley. En esa audiencia que dio el Ministro en la Legislatura, se esperó que explicara a todos de qué se trataba”.

Por el contrario, Pega no dio explicaciones sobre ninguno de los requerimientos. Mucho menos por qué era él quien disponía de la compra de los alimentos que se distribuían en las escuelas, siendo que lo lógico hubiera sido que esas contrataciones se hicieran desde el ministerio de Educación.

La empresa decía que “elaboraban y preparaban los productos”. Pero en realidad contrataban a otra empresa para que lo haga”. Fue una trama novelesca, dado que uno de los principales acreedores de Masily era Flavors. En ese sentido, se indicó en San Luis (provincia en la que supuestamente operaban dichas empresas), que no sabían que ambas se desempeñaban en Río Negro”.

“No tengo ningún problema en que Mattas siga amenazándome por las radios de Viedma. Después de haber leído todo lo que leí, tengo la absoluta seguridad de que no se trata de buenos hombres de negocios, son unos  sinvergüenzas apañados por funcionarios de este Gobierno porque de lo contrario no podrían estar operando en Río Negro”. Dijo la defensora del Pueblo en su informe anual ante la Legislatura.

Pero, desde la Defensoría, ya se advertía sobre el nuevo proceso licitatorio que se ponía en juego, para el que la empresa concursaría por un valor que triplicaba al que venía operando.

“Hay muchas cosas que no cierran, que están mal, que hay que explicar y que aparentemente al Gobernador no le interesa investigar. Yo creo que voy a tener una muy mala relación con el Gobierno, lamentablemente vamos a tener problemas, pero voy a seguir trabajando porque quiero hacer las cosas bien”, aseguró la funcionaria.

El 3 de septiembre de 2008, con el objeto de que se verifique la relación entre los productos proveídos por Flavors y otros similares, se solicitó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia, a cargo del doctor Pablo Berraz, la investigación acerca de las irregularidades de las empresas (Flavors y Massily) y la Unión Transitoria “Flavors & CIA S.A. (U.T.E.)” en su carácter de proveedora principal de alimentos pre­elaborados.

En ese marco y teniendo en cuenta la exposición realizada por el ministro de Familia, se solicitó al Fiscal que incorpore como cuestiones “sujetas a pormenorizado análisis”, la relación existente entre los productos que proveía Flavors & CIA S.A., con otros de similares y/o idénticas características pero correspondientes a primeras marcas de cada rubro.

Además, se pidió que se requiriera a un proveedor mayorista, un presupuesto de los productos. Incluso se indicó que sería prudente adicionar el costo de transporte razonable hacia el interior de la Provincia, teniendo en cuenta que se trataba de productos no perecederos, los que podrían ser enviados en grandes partidas a cada lugar, para ser acumulados.

En relación a la cantidad de raciones provistas anualmente, según el pliego y sus prórrogas, fue necesario “comparar comidas elaboradas industrialmente con bajo contenido de humedad, entre 9.061.860 de cantidades mínimas de raciones y 15.087.300 como número máximo, además de las raciones de leche en polvo, de cantidad mínima: 28.740.960 y máxima 42.572.820, en relación a los días de clases.

Por otra parte, se hizo hincapié en los pliegos y sus prórrogas, sugiriendo que se evaluara la “eventual  direccionalidad de su objeto”, siempre que en casi diez años, la empresa Massily SA y/o la UTE habían sido las únicas en ganar las sucesivas convocatorias, sin que existiera registro de otra que haya presentado cotización”.

También, se le pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas su pronunciamiento respecto de la correspondencia de la “suspensión” del registro de proveedores públicos, hecho que había sido puesto a consideración, por parte de la Defensoría, en julio (hacía tres meses) y hasta ese momento no había tenido respuesta.

El 9 de septiembre, se solicitó al juzgado interviniente que cite al apoderado de la empresa, en el marco de la investigación y a partir de su dificultad en conseguir descifrar la industria, lugar y establecimiento donde se elaboraban los productos licitados y proveídos al Estado rionegrino por Flavors & CIA S.A., se pidió al Juzgado N° 4 que se hiciera comparecer al apoderado, directivo y gerente comercial Daniel Héctor Fernández, para que preste declaración. En ese escrito, se aseguró que fueron puestos “los mayores esfuerzos” en rastrear en las provincias citadas públicamente como lugares de producción, sin embargo no se habían obtenido resultados.

Lo expuesto, se señaló como un “alerta”, en virtud de “la gravedad y riesgo para la salud que implicaba el desconocimiento acerca del origen de los productos fraccionados”. Por otra parte, se señaló que “no era difícil concluir que esos alimentos no contaban con un lugar cierto de producción”.

Durante el proceso licitatorio se evidenció que en cuanto a los “antecedentes bancarios”, la empresa Flavors aparecía como “excelente” en su condición como cliente. Sin embargo, esa categoría había sido dada por NACIÓN FACTORING S.A., una alternativa moderna de financiamiento, donde la empresa entregaba créditos a cobrar y FACTORING le daba por ello un porcentaje del importe y se encargaba de cobrar el resto. Los créditos de Flavors y Compañía eran contra la provincia de Río Negro, es decir: el Estado; garantía suficiente de cobro en toda circunstancia.

Flavors, no presentó antecedentes bancarios sino un certificado que lo catalogaba como “buen cliente” poseedor de certificados de crédito aceptables y cobrables para el sistema de intermediación en el cobro. En realidad, era “un negocio que aceleraba el cobro”, a través de NACION FACTORING S.A., entidad perteneciente al grupo Banco Nación. Asimismo se destacó que la empresa “no podía” presentar bueno antecedentes bancarios porque “no los tenía” y apelaba entonces a la “confusión”. Flavors, “contaba sólo con una caja de ahorros en la localidad de Conesa y que en la totalidad del tiempo estaba sin movimientos”.

 

El recorrido de los alimentos

El 15 de septiembre de 2008, se remitió al juez Pedro Funes, a la Fiscal Daniela Zagari y al Fiscal de Estado, Pablo Berraz, el protocolo realizado sobre las muestras de alimentos elaborados por Flavors.

En dicho protocolo, elevado por el Instituto Nacional de la Alimentación (INAL) dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentación (ANMAT), constaban las condiciones en las que habían sido recibidas las muestras y el resultado de los análisis efectuados por los técnicos del organismo. Por otra parte, se buscó determinar cuál era la ruta de los alimentos que el Gobierno distribuía mediante sus planes sociales.

En este sentido y a pesar de lo requerido a los organismos oficiales, se indicó que “no se pudo obtener información respecto del lugar donde se elaboraban los alimentos que luego eran fraccionados en la planta de la empresa en General Conesa, ni la ruta que recorrían para la distribución, ni la forma en la que eran transportados”.

Dos días después, se solicitó a la dirección de Bromatología que informe cómo se determinaban los valores proteicos. El pedido fue dirigido al Titular de Bromatología, Edmundo Larrieu.

Tal requerimiento se realizó a partir de la publicación del diario Río Negro, del 17 de septiembre de ese año, en el que se indicaba que: “Proteínas totales no era analizado en los laboratorios de salud ambiental por no disponer de la tecnología…”.

Al respecto se puntualizó en cuanto a que dicha circunstancia inquietaba sobremanera por tratarse de alimentos que constituían la base del crecimiento y desarrollo psíquico y mental de las familias. El pedido se hizo en un informe detallado y en carácter de urgencia, acerca de cómo había suplido la Dirección, la imposibilidad de analizar el valor proteico en los laboratorios propios y si se habían sometido dichos alimentos a estudios en laboratorios privados.

El requerimiento se hizo sobre los 10 años en los que la empresa Flavors había proveído al Estado. También se solicitaron informes o protocolos nutricionales de los últimos años, al menos de los últimos cuatro. Y fueron realizados a solicitud de la Dirección, en los laboratorios dependientes de la ANMAT, de los productos entregados en el marco de los programas sociales dependientes de los organismos públicos.

Dicha solicitud fue efectuada con el fin de que el organismo acreditara la garantía necesaria que debía brindar el Estado provincial, respecto de los niveles de calidad y propiedades de los alimentos. La Defensoría puso a disposición, personal de la institución para verificar en la Dirección de Bromatología, la existencia de la documentación requerida y solicitó que el informe se respondiera dentro del plazo de 48 horas.

El 22 de septiembre, se constató, en Mendoza, que Industrias Mattas SCA tenía vencidas todas las inscripciones de productos alimenticios, en esa provincia y en algunos casos, desde hacía más de un año.

Los integrantes de la Defensoría visitaron la fábrica de Mattas, en la ciudad de Guaymallén. Los vecinos del lugar, indicaron que “estaba paralizada desde hacía meses y sin personal”. Dicha constatación sirvió para descartar que fuera ese lugar donde se elaboraban los productos deshidratados que mezclaban en Conesa y en cuyos rótulos se indicaba como lugar de origen: “Industrias J. Mattas SCA”.

Pero los pre­elaborados tampoco se hacían en San Luis, provincia que aceptó la homologación de 30 productos para que pasen a ser elaborados por Flavors en Conesa, a través de la resolución 773 de Salud Pública de Río Negro. La controversia obedece a que en ese distrito, los permisos eran de Massily y las autoridades rionegrinas no debieron aceptar su cambio a favor de Flavors sin habilitar previamente al establecimiento de Conesa en el RPE (Registro de Proveedores del Estado). Los funcionarios de Salud de los Alimentos de Mendoza consideraron tan grave la irregularidad de los rótulos exhibidos (escritos a mano o señalando origen de productos en Egipto), que se comprometieron a pedir un «alerta nacional» al Instituto Nacional de Alimentos para impedir su comercialización.

Los rótulos, según la jefa del área mendocina, eran «absolutamente irregulares, no respondían a las normas y no podrían circular», en tanto que las bolsas tampoco eran las apropiadas para el traslado.

Todos los productos alimenticios que Industrias Mattas poseía habilitados en Mendoza tenían su RNPA vencido. Dieciséis de ellos originaron un pedido de reinscripción por parte de la empresa, pero después de que la Defensora del Pueblo de Río Negro denunciara a la firma por irregularidad empresarial y en sus productos.

La pregunta sigue siendo: ¿de dónde provienen y dónde se elaboraban los productos que llegaban a los ciudadanos rionegrinos? En esos días, la Defensora había dicho que era necesario “investigar la ruta” de los alimentos. “Yo estoy colaborando incansablemente con la investigación que está llevando adelante la Justicia. Ahora estoy preocupada para que el gobierno de Mendoza dicte el alerta con respecto a algunos productos que están circulando; estoy preocupada para que el INAL venga a Río Negro para que tome por sí mismo las muestras de los planes alimentarios, por lo menos de aquellos productos que están siendo mal catalogados por los análisis”, dijo. Estaba claro que era imprescindible detectar la ruta de los alimentos; por sobre todas las cosas, se consideró al hecho como la génesis de lo que vendría. No obstante, hasta la fecha, luego de ocho años de comenzadas las investigaciones, no se lo ha podido comprobar.

También, se puso de relieve un punto significativo vinculado a la “ruta del dinero” que se generaba a través de las consecutivas extensiones de plazos en los vencimientos de la primera licitación.

El 26 de septiembre de 2008, la Defensora del Pueblo impugnó a las empresas Flavors SA y Esenciar SRL, quienes se presentaron a las licitaciones públicas por las que el Estado rionegrino adquiriría, durante dos años, alimentos pre­elaborados.

La empresa Esenciar, no tenía escritura de constitución de sociedad y no estaba inscripta en el registro de proveedores de la Provincia. El propio representante de la firma, proveniente de la localidad de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires), Alejandro Zungri, reconoció que la empresa omitió presentar la documentación y desconoció otras constancias aludiendo que su socio “había comprado el pliego”. Esenciar SRL, es un emprendimiento comercial que no fabrica ni elabora alimentos, “sólo era intermediario”, según admitió Zungri.

La empresa contaba con un capital de apenas 100.000 pesos, no obstante, concurría a una licitación por 172 millones. Vale decir que en su último período, había presentado ganancias por 60 mil pesos.

Esos argumentos sirvieron para proferir que la empresa Flavors tenía “dudosa solvencia moral”, en base a las causas que debía enfrentar en distintas jurisdicciones del país (quiebras y mega concursos a los que el grupo empresario estaba sometido y la confusión permanente entre socios del grupo que a su vez eran acreedores y deudores entre sí). En la provincia de Río Negro, poseían juicios que la involucraban ante el juzgado de Instrucción No 4 de la Primera Circunscripción Judicial y otro por evasión fiscal agravada en el juzgado Federal de Primera Instancia, de Viedma, sumado a las sanciones administrativas laborales por fraude ante la Secretaria de Trabajo.

Finalmente, la Fiscal Daniela Zagari se sumó a la solicitud del retiro del registro de proveedores ante las “numerosas irregularidades y declaraciones juradas falsas”.

Otro de los hechos que se mencionó para argumentar la impugnación, fue que la empresa presentaba a la vez, “dudosa solvencia económica”, de acuerdo a lo surgido de las organizaciones públicas y privadas de recopilación de datos y el capital mínimo con el que estaba constituida.

Aunque, a pesar de las deficiencias, cabe destacar que en las prórrogas de las licitaciones, había sido proveedora del Estado provincial sin la autorización del síndico del concurso de Masily S.A., violentando la legislación sobre ese particular.

Se habían firmado declaraciones juradas “falsas” al momento de invocar antecedentes comerciales en el rubro, cuando se la inscribe en el Registro de Proveedores de la Provincia, circunstancia que nunca se verificó, pero, pesaba sobre la empresa, la certificación de entrega de productos de “mala calidad” reconocido por institutos privados y públicos en forma repetida, que, de modo independiente y consonante, plasmaron su negativa respecto de la aptitud para el consumo.

La provincia de Río Negro, no controlaba los niveles nutricionales. Desconocía la procedencia de la materia prima que se utilizaba para elaborar o fraccionar.

Los productos “no se hacían en San Luis pero tampoco se producían en Gral. Conesa o en Mendoza. Además, violaban las normas, a través de los rótulos falsificados.

Las razones eran “muy fuertes, lo mismo que las objeciones” presentadas por el fiscal de Investigaciones Administrativas, para que el Estado provincial suspendiera el acto licitatorio.

La Defensora señaló que “el socio gerente de la firma Esenciar SRL, reconoció que estaba vinculado con las empresas de Mattas”, cuestión que también se reflejó en el diario Río Negro, donde se ratificó incluso que habían tenido “relaciones del tipo comercial y laboral”.

La empresa Esenciar SRL, fue utilizada como “alternativa” para blanquear el hecho de que siempre se había presentado un solo oferente que fue Masily o en su caso Flavors y romper con esa continuidad sospechosa. Por otra parte, para ser tenida también como opción, en el caso de que Flavors cayera por las irregularidades evidenciadas.

Sin embargo, pareció “tan flagrante la desprolijidad” con que se presentaron los papeles que la licitación fue impugnada in voce.

Uno de los ejemplos fue cuando se consideró que cierta documentación setrataba del contrato social de la empresa, pero en realidad era una cesión de cuotas. El socio gerente de Esenciar dijo que se había “olvidado” el contrato social. Pero no sólo había olvidado esa documentación concerniente a la empresa sino que también, dijo haber “olvidado” el documento respaldatorio sobre la ampliación del objeto de la firma, ya que en su actividad principal se dedicaba a la fabricación de perfumes y esencias y no a los alimentos.

A la vez, cabe mencionar que dicha firma no se encontraba inscripta en el registro de proveedores del Estado rionegrino, al momento de la licitación. No obstante, frente a semejante descalabro administrativo y ante las cuantiosas irregularidades que llevaron a que la Defensora expresara: “No insulten mi inteligencia…”, habían sido tan grotescas las presentaciones realizadas por las empresas, para la licitación (de 172 millones de pesos), que el interés de la investigación sorteó las cuestiones administrativas ­aunque sin perder la atención­ y se concentró en el origen de los alimentos.

Los requerimientos cursados a Salud Pública nunca fueron respondidos. Desde el organismo se indicó que los productos provenían desde la provincia de San Luis. Sin embargo, eran los que habían sido homologados en forma irregular y además aparecían como terminados. Por el contrario, lo que se procesaba en Río Negro “eran bolsas a granel, que se mezclaban para conformar los alimentos que luego se distribuían”.

Lo que se intentaba conocer era la procedencia de la materia prima. No existía en Río Negro, ni un sólo acto administrativo o comunicación oficial, tanto desde el ministerio de Familia como desde el de Salud Pública u otro ámbito que pudiera dar cuenta de ello.

El 10 de octubre de 2008, distintas organizaciones sociales y padres de alumnos que recibían la leche adulterada, firmaron un petitorio en el que se le solicitaba a las autoridades provinciales que procedieran al “retiro y de forma inmediata” de los alimentos pre­elaborados que distribuía Flavors”.

Los vecinos auto­convocados, manifestaron que en representación de distintas organizaciones y ante los hechos que eran de públicos conocimiento, convenían en suscribir dicho petitorio, dirigido al Gobernador de Río Negro.

Indicando además, el “repudio” a la actitud asumida por el ejecutivo ante los reclamos realizados en los distintos expedientes administrativos y judiciales sobre la calidad de los alimentos, la solvencia de la empresa y el procedimiento licitatorio irregular que llevaba adelante la Administración Pública a pesar de las impugnaciones formuladas.

Se exigió que se “sustituyeran los alimentos secos y pre­elaborados por frescos” y se convocó a las organizaciones políticas, gremiales y sociales de toda la Provincia a que se sumaran al repudio de una metodología que alimentaba a la corrupción y el negocio de unos pocos en perjuicio de los sectores más necesitados.

Las entidades se declararon en “estado de movilización permanente” hasta tanto se alcanzara una solución definitiva y un cambio en el manejo de las cuestiones sociales. También, se exigió al Gobierno municipal (de San Carlos de Bariloche) y a los legisladores de la zona que se expidieran en apoyo expreso.

Entre las organizaciones se puede mencionar a la Asamblea por la Educación Pública; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), vecino auto­convocados, asociaciones ambientalistas, el movimiento por las Costas Libres, el Centro de Estudios Sociales y Territoriales, Grupo Bariloche Segura, Encuentro Nacional de Mujeres, el sindicato de docentes de Río Negro (UNTER), partidos políticos, asociaciones civiles, organizaciones gremiales y representantes de distintos sectores sociales.

Para el Gobierno, la presión fue cada vez más fuerte aunque, esa presión se ejerció más desde los sectores sociales que desde las respuestas que daba la Justicia. Sumado a ello, el propio ministro de Familia cayó en la trampa de sus palabras, al reconocer que “desconocía” el origen de la materia prima con la que se producían los pre­elaborados.

El 30 de noviembre del 2008, Alfredo Pega, había afirmado que “en las condiciones generales y particulares de las contrataciones en la que resultaba adjudicataria la firma Flavors, el objeto del suministro eran los productos alimentarios terminados o elaborados y no materia prima, como en cualquier contratación que la cartera realizaba con otros proveedores del mismo rubro”.

A su vez, indicó que en el marco contractual, se realizaban controles bromatológicos sobre los productos alimentarios a distribuir, por intermedio del Laboratorio de Salud Ambiental de la Provincia de Río Negro en forma sistemática y como exigencia contractual para la entrega de los alimentos”.

Según el Ministerio, “los alimentos que se entregaban eran sometidos a controles, siendo la autoridad sanitaria provincial quien, en definitiva, se expedía sobre la aptitud o no de los mismos”.

 

Esperando Justicia

El programa Comer en Familia, dejó de existir a partir de enero del 2012, con el cambio que se produjo en el Gobierno provincial, luego de las elecciones del 25 de septiembre de 2011.

Con el final de “Comer en Familia”, que también significó el cambio de paradigma en el ministerio (que pasó de llamarse de “Familia” a Desarrollo Social), también terminaron los operadores barriales y un buen número de funcionarios de segunda y tercera líneas que se encontraban destinados ­en los papeles­ al servicio de asistencia social (entre ellos en los hogares para niños y adolescentes, CAINA). Aunque, en realidad, ejercían funciones políticas (partidarias y de campaña).

Durante el año 2011, el Gobierno provincial había destinado más de 40 millones de pesos a “Comer en Familia”. Un mecanismo “cargado de irregularidades”, tal como lo señalara el entonces ministro de Desarrollo Social, Jorge Vallaza, en una entrevista publicada en el diario Río Negro el 12 de enero de 2012. Según el funcionario, “había quienes trabajaban como punteros pero figuraban como promotores; algunos eran idóneos y hacían su tarea pero la mayoría no”.

La nueva Administración hizo un registro en el que se relevaron a más de “400 personas contratadas precariamente o con becas”. E instituyó, al comienzo de la gestión, la ley de “Disponibilidad”, un recurso que pretendió utilizar con el fin de “ordenar” el estado desastroso con el que se contaba en materia laboral en la Administración Pública. Sin embargo, el proyecto duró muy poco, apenas unos meses, tras la muerte del nuevo gobernador ­Carlos Soria­ y la marcha atrás que se dio desde el Ejecutivo provincial, quien propuso la derogación de la ley al asociarse con los sectores políticos provenientes de la gestión anterior.

Las condiciones parecieron volver a foja cero, pese a que el proceso por el caso Flavors continuó, aunque sin la elevación a juicio oral como se lo esperaba. Recién al finalizar el año 2014, el juez Flavio Igoldi anunció el envío de la causa a juicio tras considerar que se encontraban agotadas las instancias deliberativas producidas en la investigación y luego de confirmar los procesamientos.

“El programa Comer en Familia significó, para la gestión de gobierno que llegó hasta el 10 de diciembre del 2011 y en especial para las dos etapas últimas (2003 ­ 2007 y 2007 ­ 2011), una de las políticas clave a través de la que se distribuyeron alimentos entre 20 mil familias. Se había creado un sistema de tarjetas y tickets que se entregaban a esos grupos y se estableció un engranaje de promotores barriales que “sin demasiada separación entre lo partidario y lo estatal”, operaban en los sectores más postergados. También, promovió licitaciones por millones “con un manejo del dinero y de los mecanismos que siempre provocó sospechas y críticas”, aseguró Vallaza.

 

El programa tuvo su momento de mayores cuestionamientos a partir de la denominada causa Flavors que dejó en evidencia “la mala calidad de los alimentos y los confusos negocios entre el Estado y la empresa”, derivados en las denuncias que dejaron los procesamientos para tres ex ministros y los responsables de las compañías”.

En el año 2010, en el sitio Web de la Unión de Trabajadores de la educación de Río Negro (UnTER), los docentes pedían la renuncia del ministro de Familia Alfredo Pega y de su par en Salud, Cristina Uría. En un comunicado de prensa, indicaban que Pega debía renunciar por ser el “responsable” de los programas alimentarios. El organismo a su cargo no había extremado los resguardos en la confección de los pliegos de licitación para asegurar comida de calidad a precios razonables.

También, por intentar adjudicar nuevamente a la misma empresa la compra de los alimentos, a pesar de las graves denuncias que obraban en su contra. No conocer y despreocuparse por el origen de la comida que se distribuía a miles de niños en las escuelas y beneficiarios del programa.

En el caso de Uría, los argumentos la indicaban como “la máxima autoridad del control de los alimentos”. No había realizado los controles bromatológicos que aseguraran la calidad de los mismos. No había respetado al Código Alimentario Argentino y su reglamentación, actuando como “facilitadora de maniobras fraudulentas”.

El gremio de los docentes apuntó contra la Resolución 773/07 que permitió el ingreso de productos de dudosa calidad a Río Negro, como si fueran elaborados por Flavors en Conesa, siendo que la empresa sólo estaba habilitada como fraccionadora”.

En diciembre de 2014, el juez Favio Martin Igoldi, titular del Juzgado de Instrucción Penal No 2, decretó clausurada la instrucción y elevó la causa a “juicio criminal” contra Alfredo Daniel Pega, Adriana Emma Gutiérrez y Cristina Liliana Uria, por el delito de “estafa en concurso ideal con defraudación en el cumplimiento de contratos con administración infiel, en perjuicio para el Estado”. Y contra Máximo Julio Vicchi, Javier Mattas y Daniel Héctor Fernández como “coautores y partícipes necesarios”.

Según la resolución judicial, los hechos investigados habían sido intimados en las indagatorias de los imputados en los términos de requerimiento de instrucción de las denuncias y la investigación preliminar, de las que surgió que los hechos habrían ocurrido en Viedma (capital de la provincia de Río Negro), en oportunidad en que los titulares de la empresa «Flavors S.A. UTE (Boletín oficial de Mendoza del 23/12/05 No 27559, Flavors 80% con Masily S.A ­20 %­, Parque Industrial Norte, calle Publica s/n ­5700­, San Luis), representada por Javier Mattas (Masily) y Maximiliano Vichi (Flavors) y «Flavors y Cía. S.A.», ruta nacional No 251 a 500 ms del puesto caminero de General Conesa, firmas que integrarían al «grupo Mattas» y cuyo apoderado, facultado para actuar en Río Negro, sería Daniel Héctor Fernández, mediante calidad simulada en relación a sus condiciones societarias, solvencia económico­financiera, habilitaciones, aptitudes para contratar y antecedentes empresariales. A la vez que el “engaño” en la calidad de los alimentos ofertados y sus aptitudes nutricionales.

También se estimó la presunta “defraudación” al Estado, para “obtener de ese modo la adjudicación de las licitaciones tramitadas mediante expedientes 94.802­SPN­05 y 94803­SPN­05” generando “perjuicios patrimoniales concretos” al erario público, al abonarse mercadería de dudoso origen, sin registros ni controles del organismo competente, en valores que no se diferencian a los de marcas reconocidas en el mercado y potenciales detrimentos patrimoniales derivados de la aprobación como proveedor del Estado de empresas carentes de respaldo económico suficiente”.

La primera licitación para la adquisición de comidas pre­elaboradas con destino al Programa “Comer en Familia” dependiente de la subsecretaría de Políticas Nutricionales del ministerio de Familia (No 90/05), adjudicada mediante Resolución del ministro, Alfredo Pega, No 1042 del 13/03/06 y prorrogada por el mismo el 23 de abril de 2008 por Resolución: 2004/08. Y la segunda, bajo el expediente 94803­SPN­05, para la adquisición de raciones de alimentos y leche para dar cobertura a niños y jóvenes que asistían a establecimientos educativos en los distintos niveles y beneficiarios de comedores escolares y refrigerios comunitarios en toda la Provincia, a cargo de la misma Subsecretaría (licitación No 02/06, adjudicada por Resolución No 2105 del 27 de abril del año 2006 y prorrogada por Resolución 2002 del 23/04/08).

Las empresas involucradas carecerían de la solvencia económica y financiera requerida en la normativa, no reuniendo las exigencias establecidas para contratar con el Estado provincial, conforme a la información proporcionada por el Veraz y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y considerando el ínfimo capital social de Flavors & Cia S. A., en relación al tenor de las obligaciones que asumiría y las actividades que desarrollaba.

También se indicó que “ambas firmas habrían falseado los antecedentes, acompañados en ocasión de inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado, por cuanto ninguna de ellas se encontraría inscripta en el Registro de la provincia de Mendoza y Flavors tampoco lo estaría en el registro de San Luis”.

La empresa Masily SA “se encontraría en concurso preventivo en trámite, ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería No 3 de San Luis y tendría créditos por cobrar de la empresa Flavors y Cía SA, obrando en dicho expediente, un escrito del apoderado de Masily en el que solicitaba la autorización para ser proveedora de Río Negro del que se dio vista al síndico, el 31 de julio del año 2008.

Por otra parte, se hace referencia a que el «grupo Mattas» se encontraría “concursado” en la provincia de Mendoza, siendo Masily uno de sus principales acreedores, tal como se expresa en el juzgado de Mendoza, “Industrias J. Mattas SCA p/mega concurso preventivo”.

Se estableció además que “las firmas cuestionadas incurrirían en la falsificación de alimentos, provocando con ello un posible perjuicio a la salud y Flavors y Cía. SA se encontraría inscripta como «fraccionadora» con el No 16000749, mientras que según la constancias del expediente 74336­S­07, se desprendería que los productos inscriptos en el RNPA en la provincia de San Luis a nombre de Masily S.A., serían los mismos sobre los que Flavors requirió homologación en Río Negro, apareciendo luego como elaborados y envasados en General Conesa. Homologación conformada mediante Resolución No 773/07 (ministerio de Salud) suscripta por la presidenta del Consejo Provincial de Salud Pública, Cristina Uría.

Es decir, se homologaban en Río Negro, productos presuntamente elaborados por Masily en San Luis, como si los elaborara Flavors en Conesa. Pero, ni Masily, ni Flavors ni la UTE, se encontraban funcionando en las provincias de Mendoza y San Luis, la primera sólo elaboraba puré de papas y caldos, desconociéndose dónde se producían los restantes pre­elaborados que por licitación debían proveer las adjudicatarias, configurando de ese modo un serio riesgo para la salud de los destinatarios finales de los productos.

La falaz condición de «elaboradora» le habría permitido a Flavors SA obtener una exención impositiva (ingresos brutos y sellos), por un monto que aún no se ha determinado, habiendo sido incluida por el ministerio de Hacienda en la ley de promoción industrial, beneficio al que no pudo haber accedido como fraccionadora (condición para la que en realidad habría sido habilitada).

Las circunstancias indicadas, permitieron inferir la imposibilidad de tener a las empresas en cuestión como proveedoras del Estado, en tanto las mismas no reunían las exigencias legalmente previstas. Dichas falencias, inexactitudes e irregularidades, debieron ser advertidas por los funcionarios públicos intervinientes, tanto en la tramitación de los expedientes licitatorios que culminaran con las respectivas adjudicaciones suscriptas por el ministro de Familia, Alfredo Pega (en los gestionados en el área de Salud Pública para las homologaciones pertinentes), como en dependencias del ministerio de Hacienda. No obstante, sin adoptar los mínimos controles, recaudos y constataciones previas, se aprobaron los trámites correspondientes.

En consecuencia, es posible presumir que las maniobras desplegadas por los responsables de las firmas beneficiarias “no podrían en modo alguno haberse consumado sin la connivencia, colaboración y favores de las autoridades provinciales respectivas”.

Según el requerimiento de elevación a juicio “el accionar de los imputados Pega, Gutiérrez, Uría, Vicchi, Mattas y Fernández, encuadraba en los delitos tipificados por el artículo 172 del Código Penal en cuanto a las calidades simuladas, invocadas para la contratación de ambas licitaciones, en concurso ideal con la infracción en cuanto a la provisión de las sustancias y calidades en referencia a los alimentos que no reunían las aptitudes alimentarias pactadas  en el pliego; las relativas a los que resultaban falsificados, adulterados y a los que directamente resultaban de riesgo para la salud en concurso ideal con la conducta que reprime a quien teniendo a su cargo por disposición de la ley y la autoridad el manejo, la administración o cuidado de intereses ajenos y con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados”.

Se indicó además el “compromiso suficiente de los imputados en nombre de la empresa: Fernández, como apoderado, era el nexo operativo con las adjudicatarias por el ministerio de Familia. Vicchi, como presidente de Flavors y Cía. S.A. y Mattas como presidente del grupo Mattas. También, se señaló que Pega, “actuó como autorizante de la contratación estatal y fijó los lineamientos de la gestión”, por Gutiérrez y Uría, que intervinieron en el período de vigencia de los contratos sin formular objeciones, ni reclamar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino, cuando “la sola presencia de alimentos en esas condiciones debió generar la actuación administrativa respectiva.”

Quienes eran miembros del Gabinete provincial, imputados en esta causa, incurrieron en irregularidades que trascendieron el campo administrativo al haber trasuntado la conformidad de los funcionarios con el suministro de alimentos con características nutricionales diferentes de las ofertadas e informadas en los rótulos de sus envases. Inconsistentes y parciales controles que facilitaron soslayar los términos de los contratos suscriptos, lo cual supone e implica: infidelidad en el manejo de los intereses pecuniarios del Estado por parte de quien administraba los programas mencionados. La conducta de los ministros citados, contó con la participación necesaria de Cristina Liliana Uría y Adriana Gutiérrez desde el área del ministerio de Salud y obviamente, de los responsables de las empresas en cuestión” El programa Comer en Familia, fue cuestionado a lo largo de todos los años en los que se implementó. En el 2006, a comienzo del mes de noviembre, el diario digital BWN Patagonia, se hacía eco de la noticia que daba cuenta de “alimentos vencidos, provenientes del ministerio de Familia, que serían entregados en distintos barrios de la ciudad de Viedma”.

Sin embargo, dos años antes, era anunciado como el boom de una estrategia política para resolver el déficit social. El 9 de junio de 2004, el diario Info Bae, titulaba: “Rio Negro lanza el programa de asistencia Comer en Familia». (“La Provincia anunció que distribuirá una caja con alimentos pre­elaborados, con valores nutricionales, calculados para dietas saludables”). El gobernador, Miguel Saiz, aseguraba que “el proyecto reuniría al grupo familiar».

Un año después, en los medios rionegrinos se daba cuenta de una comitiva formada por legisladores de Paraguay que llegarían a la Provincia para conocer la experiencia”. El diario digital “La Palabra”, el 21 de septiembre de 2007 indicaba que: “Los parlamentarios buscaban conocer, in situ, distintos aspectos de la iniciativa. Serían recibidos por el ministro de Familia, Alfredo Pega y el coordinador general del Programa, Juan Carlos Peña”. Luego de una reunión con el Gobernador, recorrerían la planta de producción de la empresa Flavors en General Conesa.

Las autoridades del ministerio de Familia, indicaron que durante el 2009, el Programa le había costado a la Provincia la suma de 14.278.670 pesos, aunque la cifra “no alcanzaba para cubrir las prestaciones”. Así lo reflejó el diario La Mañana de Neuquén, en un informe publicado el 3 de julio de 2010, donde se explicaba que “con todos los mecanismos asistenciales del Programa, se ejecutaba una suma aproximada por prestación de 2.500.000 de pesos, de acuerdo a un informe de inversión referenciado a noviembre”. A ese mes, Comer en Familia había asistido a 10.258 grupos familiares, 16.145 módulos alimentarios, 5.672 ticketeras y 4.749 tarjetas sociales. De las 52.459 personas involucradas, 16.424 eran menores de 14 años; 14.058 menores de 12 y 633 mayores de 65. Además, se habían beneficiado 150 mujeres embarazadas y 630 personas con discapacidad.

Un detalle no menor, le cabe a la cooperativa “Colonia Barranquero Ltda.”.

Pese a la Resolución No 064/08 de la Secretaría de Trabajo, en la que se le declaró la “comisión de fraude a la legislación laboral”, sus integrantes continuaron operando bajo parámetros similares. A fines del año 2012, el municipio de El Hoyo, una pequeña localidad cordillerana de Chubut, distanciada por apenas 30 kilómetros del paralelo que divide a esa provincia con Río Negro, firmaba un convenio con la cooperativa “Amanecer”, para la realización de trabajos en la cosecha de fruta fina. Sin embargo, sus integrantes habían indicado, entre sus antecedentes laborales, que pertenecían a la dirección de Colonia Barranquero.

 

Se necesita más que un juicio

Se espera que la instancia judicial pueda poner un punto final (si es posible utilizar ese término), a lo relatado en este informe. Acaso sería un capítulo que podría obrar como desenlace y tal vez deseado, si fuera que los resultados arrojaran ­al menos­, el nombre de algún responsable que deba enfrentarse al rigor de alguna pena.

Sería una etapa que podría evidenciar la interminable lista de acontecimientos que expusieron a miles de personas, ante el riesgo de la muerte, por la ineptitud y el desinterés de una “casta” política que se ocupó en demostrar lo peor del sistema democrático. Aunque miles, son también las irregularidades relevadas durante un proceso político en el que se eligió olvidar, mirar hacia otro lado y hacer negocios con la pobreza.

La provincia de Río Negro tiene deudas pendientes con su propia esencia, evaluar estos hechos sólo desde la perspectiva judicial o someterlos exclusivamente a lo que podemos denominar “delito”, aunque se traten éstos de corrupción, sería como mirar al árbol excluyendo la inmensidad del bosque.

Los conflictos institucionales se encuentran instalados a modo estructural. La negligencia es parte de un acostumbramiento que se ha alimentado a través de los años gracias a la connivencia de un estilo dirigencial que se vio favorecido por la ignorancia de muchas personas y de ese modo pudo sustentar una matriz que se genera en las propias entrañas y que no ha sido capaz de ser interpelada, al menos, no hasta lo que sería posible indagar.

De hecho, los sectores que se consideraron “progresistas”, fueron también conniventes con  el poder político que se dio, fundamentalmente, en los últimos años de gobierno (2003­2011), en los que disfrutaron de sobresueldos, compra de voluntades, el sostenimiento económico de esas estructuras partidarias que obraron como satélites en los momentos electorales y la “fabricación” de espacios políticos, susceptibles de ser indicados como “sociedades anónimas”.

Todos esos sectores fueron corroyendo a la sociedad y desde luego, la Justicia no sólo quedó también sumergida en tal indeclinable deterioro, sino que supo construir una “coraza” que se materializó en lo que podríamos indicar como “corporación”, tal vez, asumiendo el rol de una clase diferenciada del resto de la población al mejor estilo del medioevo.

Sin embargo, el caso Flavors no viene a desayunarnos a partir de las denuncias que estamos reflejando, por el contrario, ya en 1998 docentes rurales de Río Negro, denunciaban las irregularidades que se cometían desde el Gobierno con la compra de productos pre­elaborados. Entre las expresiones del momento, vale recordar por ejemplo, que en una lata de arvejas (la común y de tamaño tradicional) y según la etiqueta de esos productos, se encontraba un contenido equivalente a cuarenta hamburguesas.

Las denuncias se efectuaron a través del sistema establecido por el ministerio de Educación y por supuesto, quedaron en el olvido. No obstante, es preciso considerar que esas escuelas, además, trabajaban con lo se conoció como “Proyectos de huertas”, donde los alumnos experimentaban las actividades ideadas hacia la auto­sustentación y de hecho lo lograban.

En la mayoría de los casos, la comida pre­elaborada era dada a los cerdos, puesto que los chicos no la comían, los docentes tampoco y a través del tiempo se vencían. Pero más allá de cuestiones que tuvieran que ver con el sabor o la calidad, está claro que se trató de un hecho más profundo, el desconocimiento de las realidades que estaban sujetas al sistema educativo. Realidades que hablaban de niños que jamás habían conocido una hamburguesa y que lejos de ser ésta un recurso alimenticio, se convertía en el fiel reflejo de un Estado que no sabía mirar; que no se interesaba por su gente y que le daba lo mismo cualquier cosa con tal de conservar los negocios generados desde el Gobierno.

Del mismo modo es posible señalar que en otros ámbitos (por no mencionarlos a todos), situaciones como la reflejada han sido el motivo principal de la forma de proceder, para confrontar a la ciudadanía con una realidad que por su incoherencia, se ha distanciado hasta registros inconmensurables, dejando un sabor de orfandad para el que es muy difícil imaginar un cambio.

Así, por ejemplo, se discute en estos momentos la necesidad de incluir en sedes policiales lo que se conoce como “Oficina Tutelar” (un espacio específico que debe servir de contención para las mujeres que denuncian hechos de violencia y de todo tipo). Aún cuando la ley no lo obliga y sólo lo recomienda, no parece posible imaginar que algún funcionario, tanto de seguridad como de cualquier organismo afín, pueda decir que “se está trabajando en ello”, aunque sin resultados”, cuando los casos que se relevan en la propia Justicia, resultan ser alarmantes.

Sin embargo, esa estructuralidad que se ha enquistado, gracias al abuso de parte de la dirigencia, de la ignorancia de muchos sectores de la sociedad que, no por voluntad manifiesta sino por desconocimiento (precisamente), han permitido imaginar lo inimaginable y describir lo que de ningún modo se podría concebir.

Y por caso, apelar a la propia causa (Flavors), que hasta el momento espera por el juicio, luego de ocho años de denuncias formales y reflejo, ante la ciudadanía, de las aberraciones que se cometieron en los distintos organismos de Gobierno. No obstante, vale también traer al análisis, que la Justicia rionegrina tardó cinco años en abrir a la prensa, los archivos correspondientes a los “sobresueldos” cobrados en el Poder Judicial, luego de la insistencia de una periodista que debió materializar su interés interponiendo un recurso judicial. No se trataría de un aspecto sobresaliente, a no ser que se considere que la Provincia fue una de las primeras del país en contar con una ley de “Acceso a la Información” y para el caso, bajo ningún punto de vista esa información podría estar vedada a la tarea periodística.

Pero muertes sin resolver, hospitales que fueron inaugurados cinco veces (por ejemplo en Bariloche), gasto indiscriminado, falta de profesionalismo, abuso de autoridad, persecución laboral, incoherencia en la producción normativa, son algunos de los estigmas que caracterizan a Río Negro, a través de los cuales, distribuir alimentos con excrementos de roedores no sería algo que pudiera sorprender, luego de conocer tales antecedentes.

Tampoco podría sorprendernos que los procesos licitatorios (y de carácter millonarios), se llevaron a cabo en un contexto de irregularidades que podrían ser identificadas como “infantiles”. De hecho, así lo consideró la Defensora del Pueblo. Pese a que podríamos referir mucho más sobre esas circunstancias.

“Nos dieron de comer mierda”, acaso podría ser más que un informe periodístico y el conjunto de circunstancias evidenciadas tras las denuncias judiciales. Es tal vez (o por lo menos así lo pretendemos), un reflejo que, no por menor, da muestra de un estilo político que todavía no ha alcanzado su final; que quedó obsoleto y para el que la sociedad misma reclama transformaciones. Aunque muchos de los dirigentes que se valieron de él, todavía siguen usufructuando con lo más preciado de la vida comunitaria conocido hasta el momento: el sistema democrático. Decir que la Justicia es lenta, parece un cliché pero el reclamo nunca podría desconocerse, asumiendo sobre todo que esa lentitud puede ocasionar serios riesgos en las vidas de las personas. Tampoco, cuando se trata de sostener a un sistema que, perfectible, es la razón de la existencia de la propia Justicia, de los gobiernos y de los organismos que los componen. Y no se debería desconocer que el sostenimiento de un estadio indiferente, dentro y para con el sistema, es posible que produzca un deterioro directamente proporcional a esa indiferencia, constituyéndolo al fin en una realidad que termina siendo inversa a los ideales propuestos. Y a mayor paso del tiempo, probablemente, se dé una mayor aceptación de lo que nunca debiera suceder.

 

 

Adrián Moreno