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Mas oscuridad oficial al caso Maldonado

Con información del Gobierno, Clarín aseguró que un dirigente del gremio judicial de Bariloche «sabe» lo que sucedió el día de la represión en Cushamen. Ya fue desmentido. El Juez arriesga la hipótesis del ahogamiento, y la Nación se queja de las mentiras de los gendarmes.

Con la angustia por la ausencia de Santiago Maldonado como telón de fondo, el Gobierno nacional y los medios de comunicación concentrados de Buenos Aires presentan un combo informativo de operaciones difícil de digerir.

Este fin de semana, Clarín volvió a superarse y presentó un informe sobre la supuesta condición de «testigo misterioso» y «K» de un trabajador judicial de Río Negro, en Bariloche, quien habría estado en el lugar de la represión, el pasado 1 de agosto.

Se trata de Eduardo Pastorini, quien para el diario Clarín esto en el lugar «discreto, como oculto, en varios de los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron en esas horas dramáticas en Leleque. Vio. Escuchó. Grabó. Filmó. Fotografió. Calló. Por ahora. ¿Por qué?», se pregunta el medio. Y en el cierre del artículo, estigmatiza: «Milita en el kirchnerismo.

Marchó, sin capucha, por la liberación de Milagro Sala. Junto a la CTA K y ATE, también alineado con el kirchnerismo. Y con La Cámpora».

La desmentida no tardó en llegar. El propio trabajador e integrante de la Comisión Directiva del gremio judicial, Sitrajur, aseguró que no presenció los momentos clave de la represión de Gendarmería, y descartó que, como dejó entrever Clarín, se negó a brindar información.

Además la Federación Judicial Argentina, la CTA de los Trabajadores de Rio Negro y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, plantearon su «profunda preocupación por el accionar tanto del Gobierno Nacional como del grupo Clarín y La Nacion, al difundir con nombre y apellido al compañero Pastorini, en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado».

Según indican los gremios judiciales y la CTA, “se trata de una actitud irresponsable no sólo de los multimedios sino también del Gobierno Nacional quien en primer medida ‘largó’ su nombre, en una maniobra meramente especulativa para tener unos días de respiro ante las miradas cuestionadoras de los ciudadanos y de los organismos internacionales de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado Nacional en el caso”.

“No se entiende la necesidad de exponer publicamente a un trabajador que no es un anónimo, sino un vecino que todos los días realiza sus tareas laborales y sociales habituales, que no se ha mudado ni mucho menos escondido por ninguna causa. Parece mas una maniobra para desviar por lo menos por un instante el foco de atención del caso Maldonado y sus presuntos responsables, ya que es la propia justicia federal la que calificó al hecho como desaparición forzada, un delito que sólo el Estado puede cometer”, sostiene el comunicado sindical.

Si Pastorini no fue convocado a declarar «no es por su causa, sino decisión de quienes tienen la responsabilidad de investigar el hecho, y ello no implica ni justifica poner un manto de dudas sobre una persona que como cualquiera, tiene derecho a manifestar lo que crea conveniente como corresponde en un Estado democrático”, se indicó desde los gremios.

 

Otranto

 

El cuestionado juez que interviene en el expediente de hábeas corpus, arriesgó una hipótesis -en una entrevista con el diario La Nación- que parece difícil de sostener con las pruebas que hasta el momento hay en el expediente: que Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut, durante la huída de la represión de Gendarmería.

En la causa figuran algunos testimonios que hacen compleja esa teoría: los buzos de Prefectura detallaron que en el lugar el curso de agua no tiene más de un metro de profundidad, y además, poca corriente.

Otro dato: ninguno de los testimonios de los Gendarmes y de los miembros de la comunidad pu lof Cushamen, abonan esa idea, ni dan cuenta de una persona en esa circunstancia.

 

El gendarme malo

 

Emanuel Echazú, el gendarme herido que firmó el acta y protagonizó -según los testimonios de sus propios compañeros- la persecusión en el interior de la comunidad, declaró ante el Juez Guido Otranto y abonó la teoría del Gobierno nacional sobre un efectivo fuera de sí, producto de la agresión mapuche.

Esta hipótesis se contradice con la orden de «apresar manifestantes» que dio el Comandante Pablo Escola -a cargo del operativo-, y el testimonio de cuatro gendarmes que detallaron que Echazú fue herido cerca del río, y no en la ruta o la tranquera de la comunidad.

Finalmente, el cuadro de confusión se completa con el planteo realizado por altos funcionarios del Gobierno de la Alianza Cambiemos, que ahora cuestionan a los gendarmes por haber «mentido» en las declaraciones internas realizadas.

Es que, de acuerdo a esos testimoniones, se pasó de la pasividad absoluta durante el despeje de la ruta y la represión, al uso de piedras por parte de los Gendarmes, luego la utilización de armas antitumulto, y ahora el posible uso de un arma 9 milímetros.

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