El funcionario, de esa manera, consintió la información brindada esta semana por el diario pampeano La Arena, en la que se señalaba que eran cientos las normas jurídicas aún vigentes que fueron dictadas durante la última Dictadura militar, que sería necesario derogar o directamente deben anularse porque han quedado obsoletas y son de imposible aplicación.

Fasce, informó al diario pampeano que «en una primera etapa del trabajo de la Subsecretaría se detectaron normas de facto que aún aparecen vigentes, y de alguna manera tienen incidencia en áreas del gobierno que se supone son reguladas por esas normas».

«Detectamos más de 350, y ahora lo que vamos a hacer es consultar con el Asesor Letrado de Gobierno, y ponernos a trabajar con la Dirección de Legislación. Luego habrá que conversar con los distintos bloques de diputados para plantearles la situación», razonó.

Y agregó que para esa tarea cuenta con el aval del ministro de Gobierno, Juan Pablo Bensusan que «está al corriente de todo», y también del propio gobernador Sergio Ziliotto.

Por otra parte indicó que el trabajo emprendido está en línea con el que el año anterior se realizó en el ámbito de la Municipalidad de Santa Rosa, cuando fueron derogadas todas las ordenanzas de facto.

Anular normas de la Dictadura

Han pasado 37 años desde el advenimiento de la democracia, y resulta sorprendente que aún estén imperando normas que nacieron durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
Porque es cierto que una importante cantidad de legislación del llamado Proceso de Reorganización Nacional, todavía constituyen normas que deben ser acatadas por la ciudadanía y en distintos ámbitos del Estado.
A esta altura resulta imprescindible que, quienes tienen la facultad para realizarlo, tomen la iniciativa para anular normas que dejaron gobiernos de facto. En aquellas épocas de intervenciones militares -se puede recordar- se legislaba sobre la base de «decretos-ley» obviamente sin ningún aval parlamentario. La Cámara de Diputados permanecía cerrada.

Leyes de la democracia

El mismo subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, admitió que -como se sabe- la Ley Orgánica de la Policía Provincial es precisamente una Norma de Facto, y se está legislando para cambiarla. «Es una de las tantas que tienen vigencia y aplicación en vida de los pampeanos, pero estamos avanzando en forma oportuna… la idea pasa por plantearle a los legisladores la necesidad de trabajar para sancionar leyes de la democracia», concluyó.