El anuncio del gobernador Alberto Weretilneck sobre la posibilidad de desregular el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) generó cuestionamientos desde distintos sectores. Matías Chironi, dirigente de Nuevo Encuentro de Río Negro, expresó su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre la obra social estatal y, especialmente, sobre los ingresos de los trabajadores públicos.

En diálogo con Libertad Radio 95.1, Chironi señaló que, por el momento, se trata de un anuncio y que todavía no se conoce el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial enviaría a la Legislatura. Según explicó, una de las principales preocupaciones está vinculada al financiamiento del IPROSS, un sistema solidario que reúne a los empleados públicos provinciales y sus grupos familiares.

El dirigente sostuvo que la obra social históricamente enfrenta una situación financiera deficitaria debido a la relación entre los ingresos de los trabajadores y el elevado costo de las prestaciones de salud. En ese sentido, advirtió que una eventual migración de afiliados hacia empresas privadas podría profundizar el problema al reducir los recursos disponibles para el sistema público.

Pero para Chironi, el principal impacto estaría en el bolsillo de los trabajadores. Estimó que el pase a una cobertura privada podría multiplicar entre seis y siete veces el aporte actual. Mientras los empleados estatales destinan actualmente alrededor del 4% de su salario bruto remunerativo, una cobertura privada podría representar, según sus cálculos, entre el 20% y el 25% del salario.
“Se reduciría el sueldo de un trabajador a un cuarto en un santiamén”, sostuvo durante la entrevista, al advertir sobre las consecuencias que podría tener la medida para los ingresos familiares.

Chironi también planteó interrogantes sobre la continuidad de la contribución patronal que actualmente realiza el Estado provincial al IPROSS. Consideró que todavía no está claro qué ocurriría con ese aporte si los trabajadores optaran por una obra social privada ni cuál sería el monto que debería afrontar el Estado.
Otro de los puntos cuestionados es el período de permanencia. De acuerdo con lo conocido hasta ahora, los trabajadores que opten por una cobertura privada deberían permanecer allí durante al menos 12 meses. Para Chironi, esto podría generar una nueva situación de cautividad si un empleado posteriormente no pudiera afrontar el costo de la cobertura.

El dirigente llamó además a los trabajadores estatales a analizar con cautela la posibilidad de abandonar IPROSS. “Nosotros estamos convencidos de aconsejar al trabajador del Estado rionegrino que no se vaya o no se pase a una obra social privada”, afirmó.

Finalmente, Chironi cuestionó la falta de precisiones oficiales y consideró que la iniciativa todavía presenta demasiados interrogantes. El proyecto podría ingresar a la Legislatura en la sesión prevista para el 24 de septiembre, momento en el que, según anticipó, se conocerían los detalles de la propuesta y sus alcances.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de IPROSS queda abierta entre el reclamo por una mejor prestación de los servicios de salud y el riesgo, advertido por sectores opositores, de que una eventual desregulación termine trasladando mayores costos a los trabajadores y agravando la situación financiera de la obra social provincial.