Familia de Santiago acude a la ONU para romper el pacto de impunidad en el Estado
La abogada expresó que esa acción, sumada al «acompañamiento de la gente, es imprescindible para romper el pacto de impunidad que tiene el Estado»
Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, advirtió hoy que se reunirá durante esta jornada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas con el fin de “romper” lo que definió como un “pacto de impunidad” del Gobierno y la Justicia, sobre el que dijo que traba la investigación por la desaparición del joven.
Además, minimizó la documentación que entregó el Ejecutivo al juez Guido Otranto con detalles de los gendarmes que participaron en el desalojo de la ruta 40 el 1 de agosto en Chubut, al sostener que “esa información” ya “está en el expediente de desaparición forzada y había sido aportada” por la propia fuerza de seguridad. “Hoy tenemos una reunión con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para ver si podemos avanzar con la conformación de un grupo de expertos independientes que pueda acompañarnos en esta investigación”, alertó Heredia.
La abogada expresó que esa acción, sumada al “acompañamiento de la gente, es imprescindible para romper el pacto de impunidad que tiene el Estado” en el caso.
En ese sentido, consideró que el Ejecutivo “nunca” hizo una investigación de la actuación de la Gendarmería Nacional, y advirtió que Otranto y la fiscal Silvina Avila “están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada” de Maldonado.
La letrada, después, relativizó el informe sobre los agentes de la fuerza de seguridad que concretaron el operativo el 1 de agosto en Chubut.
“Esa información está en el expediente de desaparición forzada. Son testimonios tomados entre el 10 y el 14 de agosto, contradicciones entre los mismos gendarmes, y surgen de documentación que ya había aportado Gendarmería”, minimizó Heredia en diálogo con radio Rivadavia.
Y agregó: “Son contradicciones sobre quién estaba a cargo del operativo, desde y hasta qué momento habían estado (en el lugar del desalojo), y qué hizo cada uno. Son contradicciones que surgen del propio sumario administrativo”.
